El caso ocurrió el 10 de enero de 1994. En junio de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Lomas de Zamora condenó a siete policías a la pena de 25 años de cárcel, pero ninguno está preso. Los familiares argumentan que si no se los encarcela a la brevedad, hay peligro de fuga.
El 10 de enero de 1994 se inició una causa que aún no terminó: un grupo de efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús, presuntamente persiguiendo a una banda de ladrones, los confundió con los pasajeros de dos vehículos a los que siguieron a balazos y en autos sin identificación. Mataron a cuatro personas inocentes, dispararon más de 250 tiros, fueron absueltos dos veces, uno estuvo prófugo 20 años, pero en 2022 fueron condenados a 25 años de cárcel. Sin embargo están libres y los familiares de las víctimas piden que los detengan cuanto antes.
Esa aspiración se sustenta sobre un fallo de la Corte bonaerense, que acaba de rechazar un recurso extraordinario federal con el que los condenados pretendían llegar hasta la Corte Suprema para evitar, o al menos demorar, su entrada en prisión. Los familiares argumentan que si no se los encarcela a la brevedad, hay peligro de fuga, considerando que el Tribunal Oral Criminal 3 de Lomas de Zamora les impuso una pena de 25 años.
La representación legal del remisero Norberto Corbo, quien tenía 31 años cuando esa mañana murió acribillado a balazos junto con sus pasajeros, Enrique Héctor Bielsa y Gustavo Pedro Mendoza, señaló en un escrito al que accedió Quorum: «Nos hallamos frente a una pena máxima dentro de la escala penal, para lo cual debe disponerse una medida de coerción y/o agravamiento de las condiciones en que se encuentra sometida la libertad de los imputados…la libertad gozada a la fecha por los acusados debe ceder en proporción al aumento verificado de peligro cierto de frustración del proceso, que no otra cosa puede esperarse, razonadamente, ante la inminente firmeza de la condena impuesta. Y esto se apoya y verifica en el peligro de fuga, atento la magnitud de la pena».
Este hecho emblemático de lo que se llamaría después «la maldita policía«, cayó en manos de la jueza Silvia González, quien consideró que aquella batida había sido «una cacería» y procesó a 11 de los 15 involucrados. Entre otras cosas, González reparó en el hecho de que los efectivos aseguraron haber sido atacados, pero mientras los peritos hablaban de 250 tiros en los autos y los cuerpos de las víctimas, ninguno de los móviles ni de los policías fue afectado.
Sin embargo la jueza fue desplazada y la sustituyó un magistrado que los sobreseyó a todos, excepto al cabo Marcos Rodríguez, quien se había fugado caminando de la comisaría en la que lo alojaron. Pasaría 20 años en La Falda, Córdoba, viviendo con su familia y sin que nadie supiera de él, hasta que tuvo la mala idea de pedir un plan de cuotas para pagar multas de tránsito; entonces fue identificado y detenido en un operativo de características espectaculares.
El tiempo seguía pasando, Claudio Díaz, el único sobreviviente, quien llevaba en su auto al librero Claudio Cicutín la mañana de la matanza, creía que no había esperanzas de recibir justicia y que todo estaba prescripto. Pero en 2013 la Corte Suprema de Buenos Aires resolvió que los policías de la Brigada de Lanús habían cometido violaciones a los derechos humanos porque aquella mañana habían salido, como dijo la jueza González al principio, «a cazar civiles», eran funcionarios públicos y, por lo tanto, los delitos eran imprescriptibles.
Así fue como en 2022 el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Lomas de Zamora condenó a 25 años de cárcel a Marcos Ariel Rodríguez, Marcelo Daniel Valenga, Eduardo Ismael Gómez, Roberto Oscar Mantel, Pablo Francisco Dudek, Julio César Francisco Gatto y Osvaldo Américo Lorenzón. Pero siguieron libres, excepto el prófugo recapturado, porque el fallo no estaba firme.
Las defensas han ido transitando el camino de los recursos que ofrece el sistema judicial argentino, pero esta última decisión del máximo tribunal provincial que les niega la apelación a la Corte, les da a los representantes de las víctimas la posibilidad de pedir, 32 años después, que todos vayan presos.
