La Justicia de la Ciudad tendrá en sus manos la causa por las amenazas de muerte y tortura de las que fue víctima a través de Instagram junto con su mujer y su hijo, por parte de un usuario que le exigía que difundiera hechos delictivos de los que aseguraba tener conocimiento.
Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un conflicto de competencias y decidió que será la Justicia de la Ciudad la que investigue la denuncia por amenazas coactivas contra el periodista Rodolfo Barili, conductor del noticiero «Telefé Noticias», su esposa y su hijo, a partir de los mensajes que recibió a través de la red social Instagram por parte de un usuario que le exigía la difusión de una información.
El Máximo Tribunal dirimió entre un conflicto de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo con el criterio de la Procuración General, la Corte le asignó la causa al fuero ordinario.
El periodista denunció que tanto él como su hijo y su esposa comenzaron a recibir mensajes amenazantes en Instagram, desde un usuario a quien identificó con el nombre con el que se presenta en esa red social. Esa persona, cuyo alias no trascendió, le reclamó de modo intimidante que publicara información sobre presuntos hechos delictivos de los que él tendría conocimiento. “Estas exigencias se habrían extendido a sus familiares, con advertencias de muerte, tortura y otras consecuencias, por las que se sintió intimidado”, señaló el dictamen del Ministerio Público.
El juzgado federal encuadró el caso como un delito de “amenazas simples” y declinó su competencia porque no se advertía una afectación a la seguridad nacional u otros intereses del Estado. En cambio, el magistrado porteño sostuvo que “las amenazas habrían tenido como finalidad” que Barili, “en su calidad de periodista, difundiera la información aportada por el imputado, los hechos constituirían el supuesto delictivo de amenazas coactivas, cuyo conocimiento corresponde a la justicia nacional por no haber sido transferido a la ciudad”.
En su dictamen el Procurador General Eduardo Casal dictaminó que las amenazas tendrían una “estricta motivación particular, y no se observa la posibilidad de que resulte afectada, directa o indirectamente, la seguridad del Estado nacional o alguna de sus instituciones”, por lo que corresponde “continuar la investigación ante la justicia ordinaria”.
“Sin perjuicio de cuanto resulte con posterioridad, opino que compete a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional proseguir la presente investigación, aunque no haya sido parte en la contienda “, concluyó Casal, cuya opinión fue coincidente con la de la Corte Suprema. Ahora deberá sortearse un juez del fuero designado para que lleve adelante la investigación.
