El nuevo ministro desplazó a varios funcionarios y activó el proceso para cubrir cientos de cargos judiciales vacantes. También promulgó la nueva Ley Penal Juvenil y prepara reuniones con la Corte Suprema para discutir la reforma del Código Penal.
A pocos días de haber asumido como Ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques comenzó a imprimir su sello en la conducción de la cartera con una batería de decisiones que incluyeron la renovación completa del gabinete y el anuncio oficial de un proceso para revisar y reactivar el nombramiento de cientos de cargos vacantes en el Poder Judicial.
Mahiques fue designado el miércoles 4 de marzo por el presidente Javier Milei en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Hasta ese momento se desempeñaba como Fiscal General de la ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupaba desde octubre de 2019 tras suceder a Martín Ocampo al frente del Ministerio Público Fiscal porteño.
Primeras medidas
La primera medida que adoptó como nuevo ministro fue avanzar con la renovación de los organismos que dependen del Ministerio de Justicia. “Quiero gente de mi confianza”, explicó. Mahiques pidió las renuncias de distintos funcionarios que ocupaban cargos estratégicos dentro de la estructura de la cartera.
Entre ellos se encuentran Daniel Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ); Ana Belén Mármora, titular del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CMIPDH); Alejandro Melik, que encabezaba la Oficina Anticorrupción y había sido secretario penal y abogado de confianza de Cúneo Libarona; Juan Cruz Montero, responsable de la Oficina de Bienes Recuperados; y Ernesto Gaspari, al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En el caso de la IGJ, Mahiques designó como nuevo titular a Alejandro Ramírez en reemplazo de Vítolo. Se trata de una de las primeras designaciones que concretó tras asumir. Ramírez, que además se desempeña como profesor en la Maestría en Derecho Empresario, tendrá entre sus tareas la revisión de distintos expedientes en trámite dentro del organismo. Entre ellos aparece la investigación vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad contra la que Ramírez litigó previamente como abogado.
Otra de las designaciones que se oficializaron fue la de Gabriela Zangaro como nueva titular de la Oficina Anticorrupción. Zangaro es jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires y también integra el Consejo de la Magistratura porteño.

Por el momento, la cartera no informó quién reemplazará a Juan Cruz Montero al frente de la Oficina de Bienes Recuperados, a Mármora en el CIPDH ni quién ocupará la conducción de la Unidad de Información Financiera, cargo que actualmente ejerce Gaspari desde enero de 2026, tras la salida de Paul Starc.
A estos cambios se suma la salida del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, quien fue reemplazado por el ex viceministro de Justicia Sebastián Amerio.
En paralelo, el Gobierno resolvió un cambio en la Secretaría de Justicia, uno de los cargos con mayor peso político dentro del ministerio. El nuevo titular es el abogado Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza, quien también asumió la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
Vacantes judiciales
Otro de los anuncios más relevantes de los primeros días de gestión de Mahiques fue la decisión de iniciar el proceso de verificación y actualización de requisitos para avanzar con la cobertura de 337 cargos vacantes en la Justicia federal.
Según informó oficialmente el Ministerio de Justicia, el procedimiento abarca 200 vacantes de jueces, 72 de fiscales y 65 de defensores oficiales que actualmente dependen del Poder Ejecutivo para completar el proceso de designación.
El comunicado difundido este domingo 8 de marzo señala que el objetivo es actualizar los requisitos establecidos en el Decreto 588/2003 para habilitar el avance del procedimiento de selección y permitir el envío de los pliegos correspondientes al Senado.
Como parte de ese proceso, el ministerio solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de antecedentes penales de los candidatos incluidos en las ternas. Además, se verificará la situación patrimonial de los postulantes y el cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
La intención de la nueva conducción del Ministerio de Justicia es acelerar el envío de pliegos al Congreso. En principio, trascendió que Mahiques tiene previsto remitir entre 30 y 40 postulaciones consideradas prioritarias durante la semana que comienza el 16 de marzo.
Ley Penal Juvenil
Uno de los primeros actos administrativos firmados por Mahiques fue la promulgación de la Ley Penal Juvenil sancionada recientemente por el Congreso.
El decreto 138/2026 lleva su firma junto a la del presidente Milei y la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y establece la entrada en vigencia del nuevo régimen que reduce la edad de imputabilidad a 14 años.
La norma fija un plazo de seis meses para su implementación efectiva en todo el país.
Corte Suprema
Más allá de los cambios internos en el ministerio, la agenda de los próximos días incluirá reuniones destinadas a avanzar con proyectos de reforma que el Gobierno considera prioritarios. Uno de esos encuentros será con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Mahiques buscará intercambiar opiniones con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sobre el proyecto de reforma del Código Penal que el Poder Ejecutivo anunció el año pasado.

La iniciativa contempla un endurecimiento de penas para distintos delitos y forma parte de la agenda legislativa impulsada por el Gobierno.
En cambio, por ahora no aparece entre las prioridades de la Casa Rosada retomar la discusión sobre las dos vacantes que existen actualmente en el máximo tribunal.
Sistema acusatorio en Comodoro Py
Otro tema que el nuevo ministro analiza en estos días es el cronograma de implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py.
El modelo procesal, que traslada el protagonismo de la investigación penal hacia los fiscales y establece audiencias orales como eje del proceso, tiene prevista su entrada en vigencia el 27 de abril en la Justicia Federal de la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, dentro del Ministerio advierten que la falta de fiscales y las limitaciones en infraestructura podrían complicar su aplicación en esa fecha.
El sistema ya había sido postergado en dos oportunidades durante 2025 y su puesta en marcha definitiva podría convertirse en una de las decisiones más delicadas que deberá tomar el flamante Ministro de Justicia.
