La Cámara Federal de Casación Penal habilitó el recurso extraordinario presentado por la Unidad de Información Financiera en una causa donde se investigó el lavado de al menos nueve millones de dólares provenientes de actividades ilícitas. El expediente ahora será analizado por el máximo tribunal del país.
La Corte Suprema de Justicia deberá intervenir en una causa que investiga a una organización criminal por el lavado de nueve millones de dólares. Es que la Cámara Federal de Casación Penal aceptó un recurso extraordinario presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que cuestionó cómo se aplicó la legislación antilavado en el expediente.
La decisión fue tomada por la Sala I de Casación Penal, que entendió que el planteo del organismo involucra la interpretación de normas federales -entre ellas la Ley 25.246– y por lo tanto corresponde que el caso sea analizado por el máximo tribunal del país.
El expediente se vincula con una investigación que terminó con la condena de varios integrantes de una organización acusada de ejecutar, durante más de una década, maniobras de lavado de activos en el país.
Según lo acreditado en el juicio oral, la estructura habría operado al menos entre 2006 y octubre de 2020 mediante distintos mecanismos destinados a introducir en el sistema financiero fondos provenientes de actividades ilegales y otorgarles apariencia de legalidad.
La investigación determinó que los imputados realizaron múltiples operaciones comerciales y financieras para canalizar el dinero ilícito, entre ellas la compra de participaciones societarias, transferencias de fondos y maniobras de administración y conversión de activos.
En ese contexto, el Tribunal Oral en lo Penal Económico condenó a siete integrantes de la organización. El principal acusado, Carlos Sein Atachahua Espinoza, un hombre de nacionalidad peruana que vivía en una mansión en el barrio de Caballito, fue considerado jefe de la estructura y recibió una pena de nueve años de prisión, además de una multa millonaria.
El tribunal también impuso condenas a otros miembros del grupo que cumplían distintos roles dentro del esquema criminal, desde la administración de los fondos hasta la utilización de empresas y personas interpuestas para realizar las operaciones financieras.
Durante el juicio se determinó que la organización utilizó sociedades comerciales para canalizar el dinero ilícito y convertirlo en activos aparentemente legales. En algunos casos, los imputados adquirieron paquetes accionarios de empresas para justificar el ingreso de grandes sumas de dinero en efectivo.
La causa también incluyó la investigación de maniobras vinculadas con el tráfico de drogas y el contrabando de divisas. Parte de esas operaciones fue reconstruida a partir de distintas líneas investigativas impulsadas por el Ministerio Público Fiscal con la colaboración de las procuradurías especializadas en narcocriminalidad y en lavado de activos.
En el expediente también fueron imputados el contador Carlos Alberto Espasandín y María Soledad Sosa, quienes reconocieron su responsabilidad penal en el marco de un acuerdo de juicio abreviado parcial.
A partir del planteo presentado por la UIF, la Cámara de Casación entendió que el caso plantea cuestiones federales vinculadas con la interpretación de la legislación antilavado y la eventual afectación de garantías constitucionales, por lo que resolvió conceder el recurso extraordinario.
