La causa por amenazas, lesiones y violencia de género contra empleados judiciales fue elevada a juicio oral. En paralelo, el Consejo de la Magistratura analiza avanzar con el proceso que podría terminar en su destitución.
La causa penal contra el juez federal Pablo Ramiro Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, fue elevada a juicio oral por el juez federal Juan José Baric en un expediente que describe un escenario de violencia, hostigamiento y abuso de poder dentro del propio tribunal.
El Ministerio Público Fiscal imputó al magistrado por amenazas simples y agravadas, lesiones físicas y psíquicas, abuso de autoridad, desobediencia judicial y violencia de género contra funcionarios y empleados del juzgado.
El requerimiento de elevación a juicio oral fue firmado por los fiscales Horacio Azzolin, Iara Silvestre y Federico Martín Iparraguirre, quienes describieron en su dictamen un patrón sostenido de hostigamiento, intimidación y maltrato laboral ejercido por el magistrado contra personal del tribunal.
La decisión implica que la investigación superó la etapa preliminar y que existen elementos suficientes para que los hechos sean debatidos en un juicio oral y público, donde se determinará la eventual responsabilidad penal del juez.
El avance de la causa penal se produce además mientras el caso también es analizado en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde tramita un expediente disciplinario que podría derivar en la apertura de un jury de enjuiciamiento y su eventual destitución.
Un tribunal atravesado por el miedo
Según la acusación fiscal, las conductas atribuidas al magistrado se desarrollaron en un contexto de violencia física, psicológica, laboral y simbólica dentro del ámbito judicial.
Las víctimas incluyen a funcionarios y empleados del tribunal, cuyos testimonios describen un ambiente laboral marcado por gritos, humillaciones, presiones y amenazas.
En el caso de las mujeres denunciantes, los fiscales sostienen que los hechos configuran violencia de género.
Las secuelas, según las pericias médicas y psicológicas incorporadas al expediente, fueron profundas.
“No fue una broma, tiró un piedrazo”: Las declaraciones de las víctimas
La causa penal se originó el 20 de abril de 2023 tras la denuncia conjunta de los tres actuales secretarios del juzgado, la cual fue avalada por los otros dos jueces del tribunal, Marcos Aguerrido y José Mario Tripputi.
Uno de los episodios más alarmantes y simbólicos del accionar de Díaz Lacava fue el “incidente de la piedra”. En recientes declaraciones a la prensa, los secretarios IRV y JS brindaron detalles escalofriantes de aquel día de principios de 2022. Según relataron y consta en el expediente, los tres secretarios estaban reunidos en una oficina de la planta alta cuando una piedra de tamaño considerable, arrojada desde la calle, ingresó por la ventana.
“Yo sentí que algo me pasó por al lado de mi cabeza. Y que cae ahí”, relató S. Minutos después, el juez Díaz Lacava subió a la oficina riéndose a carcajadas e indicó que había sido él. En la entrevista reciente, los funcionarios afirmaron que este hecho no fue aislado, sino “el símbolo de un patrón de violencia que viene desde un montón de situaciones”.
Este patrón continuó in crescendo. Las víctimas declararon jornadas de humillación, encierros en oficinas donde el juez bloqueaba la puerta para gritarles insultos denigrantes y exigencias irracionales.
Una medida cautelar para proteger al propio personal del tribunal
La gravedad de las denuncias llevó a la justicia a dictar una medida cautelar destinada a proteger a funcionarios y empleados del tribunal, una decisión poco frecuente dentro del ámbito judicial.
La resolución -que aún se encuentra vigente- fue adoptada para evitar nuevos episodios de hostigamiento o intimidación contra quienes trabajan en el juzgado.
La sola existencia de una decisión judicial de estas características contra un juez federal refleja la magnitud del conflicto institucional generado por los hechos investigados.
Conductas posteriores que agravaron su situación
Lejos de descomprimir la situación tras la presentación de las denuncias, el expediente también incorpora episodios posteriores que habrían agravado la situación procesal del magistrado.
Entre ellos se mencionan suspensiones de audiencias, decisiones adoptadas en el juzgado en medio del conflicto y cuestionamientos vinculados al cumplimiento de las restricciones impuestas en la medida cautelar.
Estos episodios fueron evaluados por la justicia como parte del contexto general del caso y terminaron reforzando el pedido de elevación a juicio oral.
La defensa del juez: “un conflicto laboral”
En su descargo ante el Consejo de la Magistratura, Díaz Lacava rechazó haber cometido delitos y sostuvo que las acusaciones responden a “inexactitudes” derivadas de un conflicto laboral interno.
El magistrado sugirió que podría ser víctima de disputas internas de poder y de maniobras en su contra por ser un juez “exigente”.
Sobre el episodio de la piedra, reconoció haberla arrojado, pero insistió en que se trató de una broma sin intención de causar daño.
Un proceso de destitución que avanza en el Consejo de la Magistratura
En paralelo al proceso penal, los mismos hechos se encuentran bajo análisis del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde tramita un expediente disciplinario.
Con la etapa de defensa ya concluida, la Comisión de Acusación -que preside el abogado Alberto Maques- se reunirá el próximo martes para resolver si formula la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, paso que implicaría la suspensión inmediata del magistrado y la apertura del proceso de destitución.
La acumulación de denuncias, las medidas adoptadas para proteger al personal del tribunal y ahora el avance de la causa penal hacia el juicio oral conforman un escenario que coloca al juez frente al momento más crítico de su carrera judicial.
De avanzar el jury, Díaz Lacava quedará sometido a dos procesos simultáneos: el juicio penal por los hechos denunciados y el eventual proceso de remoción que podría terminar con su destitución como juez federal.
