La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de la defensa del ex Ministro de Planificación contra su procesamiento en la causa que investiga el presunto fraude al Estado por la contratación para la Universidad de San Martín (USAM) de obras, laboratorios y producción audiovisual destinadas a la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (Satvd-t) por más de 300 millones de pesos, con un supuesto sobreprecio del 56%.
La defensa de Julio De Vido intentaba que la Corte revocara su procesamiento en el expediente en el que se lo acusa de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo.
La causa comenzó en 2016 para determinar si en el marco de los acuerdos celebrados entre la cartera por entonces a cargo de de Vido y la Universidad de San Martín para crear un sistema de televisación digital, hubo un perjuicio al patrimonio del Estado de 300 millones de pesos con sobreprecios en las compras de 56%.
En marzo de 2024 el juzgado federal 11 procesó al ex secretario del Consejo Asesor creado al efecto, Luis Alberto Vitullo; al ex rector de Unsam Carlos Rafael Ruta; al arquitecto Raúl Eugenio Pieroni, director de obra por la Unsam, y a Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, ex secretario general de la universidad. Horacio Hernán Pérez, Martín Diego Ramírez de la firma Urban Baires, que hizo la obra civil, y Domingo Alfredo Simonetta, de la empresa Sistemas de Video Comunicación, también fueron procesados.
Las defensas de los imputados apelaron y también lo hizo la fiscalía, que reclamó la inclusión de de Vido en esa lista. La Sala II de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah y la disidencia parcial de Roberto Boico, confirmó los procesamientos y entendió que también correspondía procesar a De Vido.
“La prueba colectada permite aseverar la intervención material del nombrado en cada uno de los tramos de la maniobra, incluyendo las instancias en la que se suscribieron las sucesivas adendas. No puede olvidarse que, según la acusación, estos instrumentos se orientaron a ampliar el presupuesto del proyecto y alterar el objeto de las contrataciones, constituyéndose en el mecanismo que se empleó para canalizar las erogaciones que se estimaron fraudulentas”, dijeron los camaristas.
“La supuesta realización de los hechos habría sido llevada a cabo a través de conductas concretas desplegadas por ese funcionario público (De Vido), lo que amerita considerarlo al menos en esta instancia coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, añadieron.
Los defensores de De Vido apelaron pero el procesamiento fue respaldado en la Cámara Federal de Casación Penal. Posteriormente, se presentó un recurso extraordinario que llegó en queja ante el Máximo Tribunal. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Riicardo Lorenzetti desestimaron el pedido porque no se dirigía “contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
