En la Facultad de Derecho de la UBA, AMJA y AFFUN reunieron a jueces, fiscales y defensores en un encuentro clave que dejó definiciones concretas: más articulación, políticas basadas en evidencia y una aplicación del derecho con perspectiva de género e interseccionalidad.
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se desarrolló un encuentro que reunió a referentes de todo el país en torno a un eje común: repensar el rol del sistema de justicia frente a las desigualdades estructurales y la violencia contra mujeres y niñas. La actividad, organizada por la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) junto a la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio Público (AFFUN), combinó debate, formación y construcción colectiva de consensos.
El evento se destacó por su carácter plural y por el diálogo entre actores clave del sistema: magistrados, fiscales, defensores oficiales y abogacía. Ese intercambio -marcado por experiencias concretas y diagnósticos compartidos- dejó en claro la necesidad de avanzar hacia una mirada común que permita respuestas más eficaces y coordinadas.
Durante la jornada, se realizó un reconocimiento especial a la Dra. Stella Maris Martínez por su trayectoria y compromiso con la temática, así como una mención al trabajo de la Dra. María Alejandra Mángano. Además, los paneles ofrecieron exposiciones de alto nivel, con abordajes actuales sobre los desafíos que enfrenta la justicia en materia de género.
La actividad contó con la participación de integrantes de la Comisión Directiva de AMJA, entre ellas su presidenta, Dra. Eve Flores; la vicepresidenta II, Dra. Camila Banfi; la vicepresidenta III, Dra. Marcela De Langhe; y la secretaria de Actas, Dra. María Fernanda Nuevo. También asistieron referentes de distintas jurisdicciones, como el defensor general de Río Negro, Dr. Ariel Alice; el defensor general de Córdoba, Dr. Pablo Alfredo Bustos Fierro; y la defensora adjunta en niñez, adolescencia, violencia familiar y de género de esa provincia, Dra. Guadalupe García Petrini.
Claves de un consenso: coordinación, redes y evidencia
Las conclusiones del encuentro delinearon una hoja de ruta clara. En primer lugar, se subrayó la importancia de consolidar espacios de reflexión colectiva entre los distintos actores del sistema de justicia. La articulación intra e interinstitucional, junto con el trabajo interdisciplinario, aparece como una condición indispensable para mejorar la respuesta estatal.
En esa línea, se destacó el valor de las redes de mujeres dentro del ámbito judicial y jurídico, no sólo como espacios de apoyo, sino también como motores de transformación de las prácticas cotidianas. La construcción de estos espacios asociativos fue señalada como clave para promover buenas prácticas y sostener agendas de cambio.
Otro de los ejes centrales fue la necesidad de diseñar políticas internas basadas en evidencia. La generación y análisis de datos se planteó como una herramienta fundamental para identificar problemas, medir impactos y orientar decisiones institucionales.
Un mandato transversal y desafíos pendientes
El encuentro reafirmó que la perspectiva de género y la mirada interseccional no son opcionales, sino un mandato que atraviesa todas las jurisdicciones -federal, nacional, provincial y local- y todos los actores del sistema: Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y abogacía.
En este marco, se hizo especial hincapié en que el acceso a la justicia debe garantizarse no sólo para mujeres víctimas, sino también para mujeres imputadas y testigos, ampliando así el enfoque tradicional.
Asimismo, se destacó el potencial del sistema acusatorio como herramienta para incorporar decisiones con perspectiva de género. Su implementación integral en la justicia federal fue señalada como un paso necesario para consolidar este enfoque.
Repensar la aplicación de la ley
Uno de los puntos más críticos del diagnóstico apuntó a la aplicación “literal y fría” de las normas, que —según se advirtió— suele resultar insuficiente frente a la complejidad de los casos que involucran a mujeres. En este sentido, se planteó la responsabilidad de los operadores judiciales de revisar sus prácticas y reinterpretar institutos clave a la luz de estos desafíos.
Entre los aspectos señalados como prioritarios se encuentran las reglas de competencia, la disponibilidad de la acción penal, la reparación integral, el acceso a la justicia, la prevención de la revictimización y la persistencia de estereotipos de género, especialmente en la asignación de responsabilidades.
El encuentro dejó una conclusión compartida: transformar la justicia no depende sólo de reformas normativas, sino de cambios concretos en la forma de interpretar, articular y aplicar el derecho. Y ese proceso -coincidieron los participantes- sólo es posible a través del trabajo colectivo y sostenido.
