Un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reveló que 61 fallos ya reconocieron estos delitos como parte del plan represivo. Hay 174 condenados y más de 270 víctimas identificadas en juicios de lesa humanidad.
Cincuenta años después del golpe militar, todavía hay aspectos del horror que siguen saliendo a la luz. No están en los archivos más conocidos ni en los relatos más repetidos, sino en los márgenes de los expedientes judiciales, donde durante décadas quedaron relegadas historias de abuso, sometimiento y violencia ejercida sobre las mujeres.
En ese proceso lento, la Justicia empezó a poner nombre a esos hechos. Según un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, 61 de las 361 sentencias dictadas desde 2006 en todo el país ya reconocieron delitos de violencia sexual como parte del plan criminal desplegado durante la última dictadura.
El dato marca un cambio en la forma de juzgar los crímenes de lesa humanidad. Dentro de un universo de 1.231 personas condenadas por violaciones a los derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado, 174 recibieron condenas por hechos vinculados a este tipo de violencias.
Las sentencias reconstruyen un patrón que durante años permaneció invisibilizado. En total, se identificaron 230 mujeres y 40 varones como víctimas de delitos que abarcan distintas formas de agresión sexual, cometidas en centros clandestinos de detención y otros ámbitos de cautiverio.
El informe también da cuenta de los límites del proceso judicial. Al menos 45 personas que fueron acusadas por este tipo de delitos resultaron absueltas en los distintos juicios realizados en el país.
El reconocimiento de estas conductas dentro de los procesos por crímenes de lesa humanidad no fue inmediato. Aunque los primeros fallos se dictaron en 2006, recién en 2011 una sentencia incluyó de manera expresa delitos sexuales. Fue en Mar del Plata, cuando el Tribunal Oral Federal condenó a prisión perpetua al suboficial de la Armada Rafael Molina.
Desde entonces, salvo una excepción en 2011, cada año registró fallos que avanzaron en esa línea. Hubo picos en 2013, 2017, 2018 y 2022, con cinco sentencias anuales, y un máximo en 2023, cuando se dictaron seis. En 2024, en tanto, se registraron dos.
A medio siglo del golpe, el mapa judicial sigue en construcción. Cada sentencia no sólo suma condenas, sino que amplía el modo en que la Justicia nombra lo ocurrido. Y en ese proceso, la violencia sexual deja de ser un capítulo oculto para convertirse en parte reconocida del plan represivo que marcó una de las etapas más oscuras de la historia argentina.
