La norma sancionada en febrero baja la edad de imputabilidad a 14 años y fija un máximo de 15 años de prisión para delitos graves. Sin embargo, todavía no está vigente, por lo que el adolescente es hoy no punible.
El brutal asesinato de un alumno de 13 años en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal despertó una enorme conmoción en el país y planteó un escenario inevitable: qué hubiera pasado con el agresor si la nueva Ley Penal Juvenil ya estuviera en vigencia.
Con el régimen aprobado por el Congreso a fines de febrero pasado —la Ley 27.801— el adolescente podría haber sido juzgado penalmente. Es que la nueva norma baja la edad de imputabilidad a los 14 años, por lo que un chico de 15, como en este caso, queda alcanzado por el sistema penal juvenil.
En ese marco, tratándose de un hecho grave como un homicidio, la nueva ley prevé la posibilidad de una pena de prisión efectiva. El tope, sin embargo, es de 15 años, ya que la reforma prohíbe expresamente la aplicación de prisión perpetua a menores de edad.
Ese punto es central: aun en los delitos más graves, el máximo de privación de libertad para adolescentes no puede superar ese límite, muy por debajo de las penas que recibiría un adulto en circunstancias similares.
El nuevo régimen también introduce un esquema diferenciado según el tipo de delito. Para los hechos menos graves, con penas inferiores a tres años, se priorizan medidas alternativas como tareas comunitarias, programas educativos, tratamiento psicológico o monitoreo electrónico. En cambio, para delitos como homicidios, robos violentos o secuestros, se habilita el dictado de prisión efectiva, aunque bajo modalidades específicas del sistema juvenil.
La ejecución de la pena, en estos casos, no se realiza en cárceles comunes, sino en institutos especializados o sitios adaptados. Además, la ley contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos dos tercios de la condena, siempre bajo evaluación judicial.
Sin embargo, nada de ese esquema aplica hoy al caso de San Cristóbal. La ley fue publicada en marzo, pero establece un plazo de 180 días para su entrada en vigencia. Eso significa que comenzará a regir recién en septiembre.
Por esa razón, el adolescente acusado del ataque es considerado no punible bajo la normativa actual. La causa quedó en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, con intervención de la Policía de Investigaciones, pero sin que pueda avanzarse en una imputación penal en sentido estricto.
Al respecto, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, explicó que el abordaje del caso se realiza dentro del marco legal vigente y que las medidas que se adopten quedarán bajo reserva, en función de lo que disponga la Justicia juvenil.
Tiros, pánico y muerte
El ataque en la escuela Mariano Moreno ocurrió durante el ingreso, minutos después de las 7 de la mañana, cuando los alumnos se encontraban en el establecimiento y se preparaban para iniciar la jornada. Según las primeras versiones, el agresor ingresó con una escopeta oculta en un estuche de guitarra y en pocos segundos desató la secuencia de disparos.
Uno de los tiros impactó en un estudiante de 13 años, que murió en el lugar. Además, otros alumnos resultaron heridos, algunos con lesiones leves y dos de ellos con cuadros que requirieron derivación para una atención de mayor complejidad, aunque fuera de peligro.
Tras el ataque, la escuela fue evacuada y se desplegó un operativo de emergencia con intervención de fuerzas de seguridad, personal de salud y equipos especializados.
