Con la Justicia en pleno y una señal de unidad interna, los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti impulsaron un nuevo reglamento que apunta a transparentar los concursos y limitar la influencia política en la designación de magistrados.
En una escena poco habitual para los tiempos que corren, la Corte Suprema se mostró unida y rodeada por todo el ecosistema judicial. La Sala de Audiencias del máximo tribunal fue el escenario elegido para la presentación del “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”, una iniciativa que busca modificar de raíz el sistema de selección de jueces en la Argentina.
El dato político e institucional no pasó desapercibido: el acto fue encabezado por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pero contó también con la presencia y presentación de Horacio Rosatti, en una imagen de cohesión interna que funcionó como telón de fondo de una propuesta que apunta directamente a uno de los puntos más sensibles del sistema: la discrecionalidad en los concursos.
Pero la señal no fue sólo hacia adentro de la Corte. La convocatoria fue masiva y transversal: consejeros de la Magistratura, jueces de todas las instancias, representantes del Ministerio Público, integrantes de tribunales superiores provinciales, académicos, funcionarios y referentes del mundo jurídico colmaron la sala. En los hechos, fue una postal de “la Justicia en pleno”.
Un diagnóstico compartido: el problema es la discrecionalidad
“Nos sentimos obligados a promover la iniciativa en virtud de la necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento y ante nuestra comprobación de que ninguno de los proyectos presentados hasta hoy al Consejo, a pesar de que muchos de ellos sugerían reformas muy positivas, han llegado en estos años al Plenario”, señaló Rosenkrantz.
A lo que agregó: “La propuesta que hemos enviado al Consejo busca identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad. Y esa estrategia se operativiza mediante varias innovaciones”.
Lorenzetti, en tanto, señaló: “Esta es una propuesta en un momento adecuado, cuando todos pensamos que podemos trabajar en algo común. Es importante, para tener esperanzas y un proyecto en común, hacer un buen diagnóstico, porque si no hacemos una autocrítica de lo que hemos hecho o de la situación actual, no vamos a poder detectar los problemas ni las soluciones. Esta acordada tiene una primera expresión que habla de un déficit estructural. Es importante señalar que existe ese déficit estructural y, como dijo recién el Dr. Rosenkranz, no es algo que haya nacido de nuestra imaginación: es un reclamo que hemos recibido de jueces, juezas, secretarios, secretarias, abogados y abogadas de todo el país. Es un reclamo generalizado e importante, y nosotros, como cabeza de un poder del Estado, tenemos la responsabilidad de dar una respuesta”.
En tal sentido, agregó: “El problema que advertimos, este déficit estructural, no se da sólo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sino también en muchos procesos de selección en las provincias, donde hemos advertido un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces y juezas en todos los niveles. Es como un puente que ya se transita demasiado entre los poderes ejecutivos y los judiciales. Entonces, la idea es llamar la atención sobre este proceso y ponernos a trabajar. El objetivo es regularizar para definir la discrecionalidad. La discrecionalidad es el tema central. Se trata de evitar que la selección de jueces y juezas sea algo arbitrario, discrecional, oscuro, que responda a intereses poco claros y que, además, varíe según los cambios políticos del momento, tanto en la Nación como en las provincias”.
Un pedido directo al Consejo: rapidez y sin cambios
Rosenkrantz no se limitó a presentar el proyecto. En su intervención, hizo un planteo explícito al Consejo de la Magistratura: “La propuesta que hoy presentamos es sistémica. Como toda propuesta sistémica tiene una lógica interna que puede ser modificada, abierta o subrepticiamente, con la mera alteración de algunos de sus puntos nodales. Por eso, consideramos que el Consejo de la Magistratura debería hacer un esfuerzo para evaluarla, si es posible pronto, y, esperamos, aprobarla, sin modificar sus aspectos centrales. El Consejo tiene hoy en sus manos la posibilidad de hacer que una aspiración institucional fundamental para el país que tiene más de 40 años esa idea sea de ahora en más una realidad”.
La frase no pasó inadvertida en el auditorio. En términos institucionales, implicó algo más que una sugerencia: fue una señal de presión política hacia el órgano encargado de llevar adelante los concursos.
El mensaje, leído en clave Quorum, deja poco margen para interpretaciones: la Corte no sólo propone, también fija condiciones.
Al terminar el acto, varios integrantes del Consejo reconocieron que el diagnóstico realizado por los jueces de la Corte fue duro de escuchar y advirtieron que van a estudiar el proyecto pero “sin condicionamientos”.
En ese sentido, señalaron que se necesita una mayoría especial para aprobarlo. Sin embargo, la consejera Jimena de la Torre afirmó que con mayoría de presentes es suficiente y se mostró muy entusiasmada con avanzar en una pronta sanción y fue contundente: “A libro cerrado”.
Otros consejeros, un poco más moderados, respondieron ante la consulta de este medio: “Lo vamos a analizar”.
Cómo es el nuevo modelo: más reglas, menos margen
La acordada, que lleva la firma de los dos ministros, propone una reorganización del proceso de selección de magistrados, cuyo resultado final es la terna de candidatos que se envía al Poder Ejecutivo. A través de este nuevo reglamento, el máximo tribunal propone un proyecto integral con modificaciones sustanciales basadas en la idoneidad, mérito, transparencia y trazabilidad para que sean consideradas por el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de llevar a cabo los concursos.
Entre los cambios más relevantes se destacan:
- Concursos anticipados como regla, para evitar vacantes prolongadas
- Sistema digital unificado con legajo personal y trazabilidad completa
- Examen en dos etapas, con una primera instancia automatizada y objetiva
- Separación entre quienes elaboran y corrigen los exámenes
- Anonimato reforzado mediante tecnología
- Pautas objetivas para evaluar antecedentes, con mayor peso del rendimiento académico
- Entrevista personal limitada, con menor impacto en el puntaje final
- La lógica es clara: reducir al mínimo los espacios donde hoy operan criterios abiertos o discrecionales.
Una escena que también es un mensaje
Más allá del contenido técnico, el acto dejó una imagen potente: la Corte alineada, el sistema judicial presente y una agenda común puesta sobre la mesa.
En un contexto de tensiones políticas y cuestionamientos recurrentes al funcionamiento de la Justicia, la escena funcionó como un intento de reposicionamiento institucional.
El mensaje, en definitiva, fue doble: hacia adentro, ordenar el sistema; hacia afuera, recuperar legitimidad.
En el acto estuvieron los consejeros de la Magistratura Agustina Díaz Cordero, Santiago Viola, Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Guillermo Tamarit, Fernanda Vázquez, Eduardo Vischi y Gonzalo Roca; el secretario General del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller, secretarios y secretarias de distintas comisiones, y los ex consejeros Alejandro Fargosi, Pablo Tonelli, Adriana Donato, Jorge Yoma, Graciela Camaño y Gerónimo Ustarroz.
También asistieron el ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques y los ex ministros del área Germán Garavano, Mariano Cúneo Libarona y Marcela Losardo; la presidenta de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan; el ministro de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires Daniel Soria; la presidenta del Tribunal Superior de la CABA, Inés Weinberg; los ministros del Tribunal Superior de la CABA Marcela De Langhe, Luis Lozano y Santiago Otamendi; el presidente del Superior Tribunal de Chubut, Javier Raidan, y el presidente de la Suprema Corte de Jujuy, Federico Otaola.
Asimismo, concurrieron los vicepresidentes 1° y 2° de la Cámara Federal de Casación Penal, Guillermo Yacobucci y Javier Carbajo, respectivamente; los jueces de ese tribunal Daniel Petrone y Mariano Borinsky; el vicepresidente 1° de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Farah; el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Juan Perozziello Vizier; los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Guillermo Treacy y José Luis López Castiñeira; el presidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas; el vicepresidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Roberto Hornos; el presidente y el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, respectivamente; el presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Daniel Morín; el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Ricardo Pinto; la jueza de ese tribunal Magdalena Laiño; el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Gabriel Rolleri; el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Héctor Chomer; la vicepresidenta de ese tribunal, Matilde Ballerini; el juez de ese tribunal Pablo Heredia; el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 Adrián Pérez Lance; la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2, Analía Monferrer; la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Ivana Bloch; el juez del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 Diego García Berro; la presidenta del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, Karina Perilli; el juez del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 Ricardo Basílico; el juez del TOF N° 2 José Gorini y el presidente de ese tribunal Rodrigo Giménez Uriburu; el juez del TOF de Río Negro Simón Bracco; la jueza del Tribunal Oral de Menores N° 3 Valeria Rico; la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15 de la Capital Federal María Elisa Gaeta; el juez del Tribunal Oral de Menores N° 1 David Perelmuter; el juez del Tribunal Oral de Menores N° 2 Fernando Pisano; el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional, Julio López Casariego; los vocales de JUTRINAC Alejandra Quinteiro y Julio Quiñones; el juez de Ejecución Penal Marcelo Peluzzi, y León Arslanian.
Entre los presentes se encontraban el procurador general Eduardo Casal; la procuradora fiscal Laura Monti; los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo; el secretario de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Olima, y secretarios y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Concurrieron también el procurador y el subprocurador del Tesoro, Sebastián Amerio y Santiago Castro Videla, respectivamente; el secretario de Justicia de la CABA, Francisco Quintana; representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios; Martín Casares y Alejandra García del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal; Rosalía Silvestre del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; de los colegios de Abogados de Córdoba, San Nicolás y el departamento judicial Junín; de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires; del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia; de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales; de la Asociación por los Derechos Civiles; de la Federación Latinoamericana de Magistrados; de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y del Instituto de Magistrados y Funcionarios en Retiro, además de periodistas especializados, académicos y autoridades de las universidades de Buenos Aires, Católica Argentina y Austral.
Una señal que excede lo técnico
Más allá del contenido, la escena dejó un dato político relevante: la Corte no sólo presentó un proyecto, sino que buscó marcar agenda.
Unidad interna, convocatoria amplia y un pedido explícito al Consejo configuran un movimiento que combina técnica y política.
El mensaje final parece sintetizarse en una idea: el problema está diagnosticado, la solución está sobre la mesa y -según la Corte- no admite demoras ni retoques.
