La iniciativa incorpora un nuevo artículo a la Ley de Ejecución Penal y redefine como falta grave la tenencia de dispositivos móviles en cárceles.
El oficialismo impulsa el proyecto presentado por la diputada nacional Silvana Giudici para prohibir de forma definitiva la tenencia, el uso y la comercialización de dispositivos móviles e inalámbricos en todos los establecimientos penitenciarios del país. La medida, señalan, tiene como objetivo frenar las estafas virtuales y las extorsiones coordinadas desde los penales.
En ese marco, ante lo que desde el proyecto se sindica como una práctica delictiva que acumula cada vez más víctimas, se establecería por ley el endurecimiento de penas y se calificaría la tenencia de dispositivos móviles como una falta grave.
El texto, en forma concreta, propone la incorporación del artículo 79 bis a la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. El nuevo articulado dispone de manera taxativa la prohibición para que las personas privadas de su libertad puedan acceder a “teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems y cualquier dispositivo apto para la transmisión de datos o voz”.
La propuesta contempla una única excepción que apenas abarca al equipamiento informático destinado a programas educativos o laborales, siempre que la autoridad competente autorice su uso bajo condiciones de control estricto
El proyecto -que tiene como principal impulsora a Giuidici pero que cuenta con el respaldo de todo el oficialismo y sus aliados- también modifica el artículo 85 de la ley vigente para incluir la posesión u ocultamiento de estos elementos en la lista de faltas graves.
Además, la normativa sanciona el intento de acceso a redes de internet fuera de los sistemas autorizados por el servicio penitenciario.
En ese marco, está claro que los fundamentos del proyecto tienen que ver con la seguridad pública. De hecho, los legisladores sostienen que el uso de tecnología móvil en las cárceles transforma los pabellones en centros operativos para el crimen organizado
El proyecto menciona, por caso, que los reclusos utilizan estas herramientas para realizar llamados donde simulan ser funcionarios públicos y solicitan transferencias de dinero ilícitas. Dentro del detalle que intenta darle vigor a los fundamentos, los legisladores también subrayan el manejo de bandas criminales a distancia, la planificación de delitos y el acceso ilegal a billeteras virtuales.
El documento cita ejemplos concretos que buscan ilustrar la gravedad de la situación actual. Entre ellos figura el caso de Ariel Cantero, líder de “Los Monos”, quien operaba desde el penal en el año 2022. En el listado de hechos también aparece otro episodio que conmocionó a la opinión pública: el suicidio del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos. El ejemplo está incluido en los fundamentos ya que la investigación derivo en que el hombre de la fuerza de seguridad fue víctima de una extorsión sexual llevada adelante por una banda liderada por estos detenidos que cumplían condena en los penales de Olmos y Magdalena.
Cambio de paradigma
La iniciativa parlamentaria, en este caso, busca revertir la política de flexibilización que el Gobierno nacional adoptó en el año 2020.
Los impulsores del proyecto sostienen que durante la pandemia de COVID-19, la entonces interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, autorizó el uso de celulares bajo la justificación de la suspensión de las visitas presenciales.
En ese marco, agregan que aquella decisión generó una fuerte controversia y hoy la ex funcionaria enfrenta investigaciones por la presunta omisión de controles.
En contraste, la nueva propuesta tiene su norte en una experiencia que ya se llevó a cabo en Argentina. En términos concretos rescata los criterios restrictivos que imperaron entre 2016 y 2019. Durante ese periodo el Ministerio de Seguridad y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) articularon distintas políticas para limitar la operatividad de comunicaciones no autorizadas y reforzar las requisas internas.
Así las cosas, el espíritu del legislador deja en claro que la búsqueda tiene que ver con darle a las restricciones jerarquía legal para que no dependa de decisiones administrativas o coyunturales.
