La Cámara de Rosario avaló las acusaciones por corrupción y el Consejo de la Magistratura avanzó con la exclusión del juez Gastón Salmain de concursos mientras sigue la investigación disciplinaria.
Mientras la causa penal avanza hacia una instancia cada vez más comprometida, la situación del juez federal de Rosario, Gastón Salmain, suma nuevos capítulos tanto en sede judicial como en el ámbito disciplinario. La Cámara Federal de esa ciudad confirmó su procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, consolidando un escenario que lo deja al borde del juicio oral.
La decisión del tribunal de alzada ratificó la gravedad de las imputaciones que pesan sobre el magistrado, quien había sido procesado en diciembre pasado con prisión preventiva -medida que no se efectivizó por su condición de juez- en el marco de una investigación que lo vincula con el presunto cobro de una coima de 200 mil dólares a cambio de dictar una resolución favorable.
Según la acusación, el hecho habría contado con la intermediación de un operador judicial y fue revelado a partir de la declaración de un imputado colaborador. El objetivo habría sido facilitar operaciones cambiarias en condiciones ventajosas durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández.
Impacto institucional: el Consejo marca un límite
En paralelo al avance de la causa penal, el Consejo de la Magistratura comenzó a adoptar medidas concretas. La Comisión de Selección resolvió excluir a Salmain de un concurso en trámite para cubrir un juzgado federal en San Justo, una decisión que sienta un precedente relevante dentro del sistema de designación de magistrados.
La medida se basó en los elementos reunidos en la Comisión de Acusación, donde también se tramita una investigación disciplinaria en su contra. La exclusión se produjo en una etapa avanzada del concurso, lo que refuerza el carácter excepcional de la decisión y abre la puerta a replicar este criterio en casos similares.
El episodio cobra mayor dimensión si se tiene en cuenta que Salmain no sólo ya ejercía como juez -designado en 2023- sino que además participaba activamente en otros procesos de selección para acceder a cargos superiores.
Un historial bajo sospecha
El caso Salmain también arrastra antecedentes que agravan su situación. Fue denunciado por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, luego de que se detectara que había omitido información relevante en su currículum al momento de concursar para el cargo que hoy ocupa.
En particular, no habría declarado que fue expulsado del Poder Judicial años atrás por intentar sobornar a una empleada para direccionar el sorteo de una causa. Ese episodio, sumado a las actuales imputaciones, refuerza el cuadro de cuestionamientos sobre su idoneidad y conducta.
Parálisis en la Comisión de Disciplina
En este contexto, emerge un dato institucional que agrega tensión al funcionamiento del Consejo de la Magistratura: la Comisión de Disciplina, presidida por el consejero César Grau, es la única que no se reunió en lo que va del año.
La falta de convocatoria impedía que se emitan dictámenes -en particular, aquellos que desestiman denuncias- que luego deben ser tratados por el plenario. Esta inactividad no sólo retrasa la resolución de expedientes, sino que también impacta en el funcionamiento general del sistema de control disciplinario sobre los jueces. Luego de trascender este retraso, se llamó a reunión para el próximo 8 de abril.
Un caso que puede marcar doctrina
El apartamiento de Salmain de concursos en trámite, en paralelo con la confirmación de su procesamiento, configura un doble movimiento institucional: por un lado, el avance de la justicia penal; por otro, una reacción preventiva del órgano encargado de seleccionar y sancionar magistrados.
El precedente abre un interrogante hacia adelante: si el Consejo comenzará a aplicar este criterio de exclusión de manera sistemática frente a jueces investigados, reforzando los estándares de integridad en los procesos de selección.
