El presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, ordenó abrir un expediente para investigar las irregularidades en su designación. Los vínculos con imputados por corrupción y algunos fallos controvertidos.
El juez Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, está en el ojo de la tormenta. El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, ordenó abrir un expediente para investigar presuntas irregularidades en su designación. La acusación es grave: haber omitido en su declaración jurada que fue expulsado del Poder Judicial por intentar pagar una coima, en un hecho ocurrido en 2003 y que, sin embargo, no figura en su legajo oficial.
Salmain, oriundo de la ciudad de Buenos Aires y egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), juró en mayo de 2023 como juez federal en Rosario, tras haber quedado tercero en el orden de mérito del concurso y haber sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Acuerdos del Senado. Sin embargo, su arribo fue cuestionado por organizaciones sociales como la Fundación Nakitaga, que objetaron su falta de vínculo con la ciudad y su rol como representante legal de empresas que solicitaban medidas cautelares para importar.
Apenas instalado en la ciudad, Salmain intentó quedarse con causas sensibles vinculadas al ex juez Marcelo Bailaque, hoy con prisión domiciliaria. Entre ellas, las que involucran al ex titular de la AFIP, Carlos Vaudagna, quien confesó en marzo de 2025 haber participado en una trama de extorsión y corrupción institucional, junto con el financista Fernando Whpei.
La situación se agravó cuando todos los fiscales actuantes en la causa recusaron en bloque a Salmain, al constatarse -mediante un segundo peritaje al teléfono de Vaudagna- que el juez mantenía una relación personal con el ex funcionario, con llamadas, supuestos favores recíprocos y encuentros en Rosario y Buenos Aires. La Cámara Federal lo apartó de inmediato y rechazó sus intentos de retomar el control de esos expedientes.

En paralelo, Salmain protagonizó otras decisiones controvertidas: en 2024, ordenó al Banco Central venderle 10 millones de dólares a un grupo empresario que estaba siendo investigado por lavado, bajo el argumento de un amparo contra el cepo cambiario. La Cámara Federal revirtió su fallo. Ese mismo año, fue denunciado penalmente por el titular de la tabacalera Bronway, tras haber ordenado a la AFIP que no le vendiera más estampillas fiscales, en el marco de una causa impulsada por Massalin Particulares.
En febrero pasado, Salmain presentó un hábeas corpus por sentirse seguido o investigado, aunque no presentó pruebas. Mencionó supuestos mensajes de phishing, intentos de geolocalización y un contacto por Telegram que invocó el nombre de su hijo. La presentación fue enviada directamente al Juzgado Federal N° 3, lo que también fue cuestionado por no seguir el canal correspondiente.
Esta semana volvió a ser noticia cuando Rosatti ordenó, mediante la resolución AAD 110/2025, la apertura formal de un expediente interno para investigar si falsificó su declaración de antecedentes, al no informar que había sido cesanteado del Poder Judicial por intentar direccionar expedientes mediante el pago de sobornos.
La medida fue adoptada por la Secretaría General del Consejo, que remitió el caso al Comité de Asignación, conformado por César Grau (Comisión de Disciplina) y Luis Juez (Comisión de Acusación), quienes deberán definir ahora dónde se analizará la denuncia y si avanza hacia un proceso que puede derivar en una sanción o remoción.
