El ciclo de capacitación organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional reunió a más de 350 participantes y puso el foco en la regulación, la ética y el uso de herramientas algorítmicas en procesos judiciales. En mayo habrá una segunda edición.
Con eje en los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías en el sistema judicial, se llevó a cabo en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional un ciclo de capacitación sobre inteligencia artificial (IA) que dejó varias definiciones sobre el uso, límites y control dentro de los procesos jurisdiccionales.
La actividad, titulada “Inteligencia Artificial en el Poder Judicial – Ética, integración, innovación y nuevos desafíos”, reunió a más de 350 inscriptos de distintas jurisdicciones.
Uno de los principales ejes del encuentro giró en torno al alcance real de la IA en el ámbito judicial. En ese sentido, Juan Manuel Garay -Prosecretario de Cámara de la Vocalía 11 y especialista en Derecho Penal e Inteligencia Artificial- planteó como principio rector que “la IA asiste, el humano decide y responde”, al advertir sobre la necesidad de preservar la responsabilidad de los operadores judiciales frente al uso de sistemas automatizados.
Durante las jornadas se abordaron los riesgos vinculados a la utilización de estas tecnologías. Entre ellos, se mencionaron los sesgos que pueden reproducir desigualdades bajo una apariencia de objetividad, así como las denominadas “alucinaciones”, es decir, la generación de información falsa por parte de sistemas de IA. A su vez, se subrayaron los desafíos en materia de confidencialidad, protección de datos y explicabilidad de los procesos algorítmicos.
La discusión incluyó además el impacto de estas herramientas en la litigación penal, con foco en el equilibrio entre las partes. Especialistas advirtieron que el uso asimétrico de tecnología por parte de fiscalías, defensorías o magistraturas puede afectar la igualdad de armas en el proceso, particularmente en investigaciones complejas y en la gestión de evidencia digital.
Además, se analizaron posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en tareas como la redacción de resoluciones, el análisis masivo de documentos y la priorización de casos. Sin embargo, se insistió en la necesidad de un “control humano significativo”, con capacidad efectiva de intervención y supervisión sustantiva sobre los resultados generados por estos sistemas.
El ciclo también puso el acento en la dimensión institucional del fenómeno. La exposición de la secretaria de Cámara de Casación Penal, Laura Kvitko, planteó que la inteligencia artificial no solo representa un desafío técnico, sino también un problema jurídico que interpela principios como la competencia, la legalidad y el debido proceso.
La jornada de cierre, a cargo del especialista Juan Gustavo Corvalán, avanzó sobre los desarrollos más recientes en IA generativa y sistemas basados en agentes, y su posible integración en el funcionamiento judicial. Allí se insistió en que cualquier innovación debe respetar derechos fundamentales, garantizar trazabilidad y asegurar que el control humano no sea meramente formal.
A partir del interés generado, desde la organización anunciaron una segunda edición del ciclo para los días 6, 13 y 20 de mayo, con el objetivo de profundizar el debate y avanzar en criterios comunes para una implementación responsable de la inteligencia artificial en la Justicia.
