El máximo tribunal provincial dejó sin efecto la absolución al juez de ejecución de Bahía Blanca. El caso se originó en un episodio ocurrido en un prostíbulo que derivó en una intervención policial.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense anuló el fallo del jurado de enjuiciamiento que había absuelto al juez de ejecución penal de Bahía Blanca Onildo Osvaldo Stemphelet y ordenó revisar nuevamente su conducta en un caso que se originó en un episodio ocurrido en un prostíbulo en el año 2009, con una mujer conocida como “Gatúbela”.
La decisión, adoptada por una ajustada mayoría de cuatro votos contra tres, marca un antecedente inédito en la provincia al dejar sin efecto lo resuelto por el órgano encargado de juzgar la responsabilidad política de los magistrados.
Según se tuvo por acreditado en el expediente, el 13 de mayo de 2009 el juez regresó a un departamento tras advertir un supuesto faltante de dinero y documentación, increpó a la mujer con la que había estado, exhibió su credencial y le advirtió que podía hacerla detener. Luego se retiró, contactó a un efectivo policial y volvió acompañado por agentes que ingresaron al lugar sin que existiera una denuncia formal ni un procedimiento judicial válido.
En ese contexto, la mujer -conocida como Gatúbela- declaró haberse sentido intimidada frente al accionar del magistrado y la presencia policial dentro del domicilio.
El caso fue analizado en 2023 por el Jurado de Enjuiciamiento, que quedó dividido: cuatro votos a favor de la destitución y cuatro por la absolución. Al no alcanzarse la mayoría calificada exigida por la ley, el juez fue repuesto en su cargo.
Frente a ese resultado, el procurador General Julio Conte Grand interpuso un recurso extraordinario al considerar que la decisión era arbitraria. Sostuvo que el propio jury había tenido por acreditadas las conductas atribuidas al magistrado, pero sin embargo concluyó que no constituían falta alguna.
La mayoría de la Corte coincidió con ese planteo. En el voto que encabezó Daniel Soria se advirtió que existía una contradicción entre los hechos comprobados y la conclusión final, lo que impedía sostener la validez del pronunciamiento.
Para Soria “el Jurado de Enjuiciamiento desestimó que la conducta imputada al magistrado pudiera ser motivo del juicio de responsabilidad, valiéndose de un enunciado viciado de arbitrariedad (arts. 1 y 18, Constitución nacional; 1 y 15, de su homónima provincial), por lo cual corresponde su descalificación”.
Con ese criterio, y con el acompañamiento de jueces del Tribunal de Casación Penal, el tribunal resolvió hacer lugar al recurso y devolver las actuaciones al Jurado de Enjuiciamiento.
En disidencia, la ministra Hilda Kogan sostuvo que el recurso debía ser rechazado. Consideró que la revisión judicial de este tipo de decisiones es de carácter excepcional y que no corresponde a la Corte sustituir el criterio del órgano encargado de evaluar la responsabilidad política de los magistrados.
“El reclamo no es procedente, desde que la revisión judicial no puede constituirse en un medio para convertir a la justicia en una suerte de tribunal de alzada con posibilidad de reemplazar el criterio de quienes tienen en forma excluyente el juicio de responsabilidad política del juez. De lo contrario, el criterio de esta Corte sustituiría al del Jurado de Enjuiciamiento para decidir la remoción o absolución de los magistrados imputados, lo que desvirtuaría las normas relativas a esta materia”, agrumentó.
El tercer integrante natural del tribunal, Sergio Torres, no intervino en la decisión debido a que había participado previamente como presidente del Jurado de Enjuiciamiento y había votado en ese ámbito por la destitución del juez.
