El 15 de abril se tratará el dictamen acusatorio contra el juez federal de La Pampa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, procesado por violencia de género y con restricción de contacto. La decisión marcará un test clave para el sistema disciplinario judicial.
El juez Pablo Ramiro Díaz Lacava atraviesa horas decisivas. El próximo 15 de abril, el plenario del Consejo de la Magistratura tratará el dictamen de acusación que impulsa su inmediata suspensión y su envío al Jury de Enjuiciamiento, en un paso clave que lo deja al borde de la destitución. Cabe mencionar que el tratamiento del tema no admite más dilaciones, dado que está próximo a vencerse el plazo de caducidad de tres años.
La instancia no es meramente formal. De aprobarse el dictamen, el magistrado será apartado de sus funciones y quedará formalmente sometido a un proceso que puede culminar con su remoción definitiva del cargo. En términos institucionales, se trata de uno de los mecanismos más severos previstos por la Constitución para el control del desempeño judicial.
El documento acusatorio sostiene que existen elementos de gravedad suficientes para avanzar en el juzgamiento. La contundencia de los hechos señalados coloca al caso en un escenario de máxima tensión, tanto dentro del Consejo como en el ámbito judicial en general.
En paralelo, el juez enfrenta un proceso penal de extrema gravedad. Está imputado por hechos vinculados a violencia de género y lesiones graves contra trabajadoras de su propio ámbito laboral, daños que fueron constatados por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese expediente, el magistrado se encuentra procesado, con elevación a juicio oral firme, y pesa en su contra una medida cautelar de restricción de contacto y acercamiento respecto del personal del tribunal.
Entre los episodios más graves, el propio juez reconoció en su descargo haber arrojado una piedra desde la vía pública hacia una oficina ubicada en un primer piso, conducta que puso en riesgo directo a los secretarios que se encontraban en el lugar. Ese reconocimiento, sumado a las pruebas médicas y testimoniales, forma parte del plexo probatorio que sustenta tanto la causa penal como el avance del proceso disciplinario.
En este contexto, la discusión dentro del Consejo no está exenta de tensiones políticas y jurídicas. Fuentes consultadas por Quorum reconocieron que hay algunos miembros del Consejo que pretenden buscar algún mecanismo para no tener que avanzar con un juicio político pero que reglamentariamente esa opción sería inviable. “Si se pretende sostener a un juez que no sólo está procesado sino que tiene una orden de restricción que le impide contactar a su propio personal, el castigo de la opinión pública será implacable”, afirmaron.
La sesión prevista, en ese marco, marcará un punto de inflexión. No sólo pondrá en juego la continuidad del magistrado, sino también la capacidad del Consejo para responder ante situaciones de extrema gravedad que comprometen la integridad del sistema judicial.
