La Comisión de Acusación aprobó el dictamen por mal desempeño. Se le imputan hostigamiento sistemático a empleados y graves desórdenes de conducta.
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó el dictamen acusatorio contra el juez federal de La Pampa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, y dejó el expediente en condiciones de ser tratado por el plenario, que deberá definir su eventual envío a jury de enjuiciamiento.
La votación reunió tres apoyos -Álvaro González, Luis Juez y Alberto Maques- mientras que el consejero Gonzalo Roca solicitó una prórroga para analizar el caso y finalmente se abstuvo.
El dictamen describe un escenario de gravedad institucional: se le atribuye al magistrado haber incurrido en “graves desórdenes de conducta personal” y haber actuado con “falta de probidad y decoro”, a partir de conductas de violencia y acoso laboral contra personal de su dependencia, incluyendo episodios de violencia contra la mujer.
Según la acusación, las conductas denunciadas no fueron hechos aislados, sino prácticas sistemáticas de hostigamiento que afectaron tanto la integridad de las víctimas como el normal funcionamiento del servicio de justicia.
El encuadre jurídico es amplio y contundente. Las conductas atribuidas a Díaz Lacava se vinculan con posibles violaciones a la Constitución Nacional -artículos 53, 110 y 115-, a la ley del Consejo de la Magistratura (24.937), a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (25.188), y a estándares internacionales como la Convención de Belém do Pará.
También se mencionan los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial y el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que establecen parámetros claros sobre el comportamiento esperado de quienes ejercen la magistratura.
En el debate interno de la Comisión, el consejero informante Álvaro González destacó que el volumen de prueba reunida -incluyendo testimonios, informes técnicos y descargos del propio magistrado- permitió alcanzar el grado de convicción necesario para avanzar hacia el proceso de remoción.
Con este escenario, el expediente queda ahora en manos del plenario del Consejo, que deberá definir si habilita el jury de enjuiciamiento y una eventual suspensión del magistrado.
