La citación incluye a más de 30 funcionarios y empresarios, presuntamente involucrados en un esquema fraudulento de compras de insumos en el marco del programa Incluir salud. Las indagatorias se extenderán del 28 de abril al 26 de mayo.
La lista incluye la ampliación de las declaraciones de cinco personas ya procesadas en la causa, entre los que se encuentran el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo; el ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini; y Miguel Ángel Calvete, acusado de actuar como intermediario entre funcionarios y directivos de laboratorios y droguerías.
“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que plantearon los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.
Lijo, quien tomó la medida como subrogante del juzgado federal 11, también decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas. “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos -y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado-”, sostuvo.
El objeto de la investigación
En la causa se analizan una serie de maniobras ilícitas que se habrían desarrollado, en principio, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 dentro de la Agencia, que dependía en ese momento del Ministerio de Salud de la Nación. “Durante ese período, distintas acciones de corrupción fueron posibles gracias a acuerdos indebidos entre funcionarios/as de la propia ANDIS y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (denominados PACBI)”, denunciaron los fiscales.
Tras los primeros procesamientos, la pesquisa continuó y se profundizó el análisis del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), que era el mecanismo mediante el cual se administraban las prestaciones PACBI y se realizaban las adjudicaciones de alto costo.
En el expediente constan conversaciones donde Garbellini le envió a Calvete en julio de 2025, un listado de empresas relacionadas a determinadas compulsas de precios de insumos con montos “a cobrar” y que fueron llamados por el intermediario como “ofrendas”.
“Esto es otra muestra de que funcionarios/as que debían velar por el interés público, en verdad estaban puestos al servicio de los intereses privados. Ofrendaban el dinero estatal y confundían los intereses públicos con los privados en detrimento del Estado”, denunciaron los fiscales.
La pesquisa demostró “actividades ilícitas” en las compulsas de precios del rubro insumos de los segmentos de alto costo identificados como “amputación; audífonos; cardio; implante auditivo; neuro; sillas/andadores y traumatología”.
El juez Lijo atendió el argumento de la fiscalía según el cual, si bien se presentaban distintas empresas competidoras en las licitaciones, la realidad era que existía “un entramado de intereses concentrados y una cartelización empresarial”.
“Cada una de las maniobras ilícitas vinculadas a los segmentos se encuentra atravesada por el actuar de Miguel Ángel Calvete y su núcleo de confianza, como parte del sector privado, como así, por Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, como responsables de ANDIS y encargados de generar que la agencia haya fungido como ventanilla de pagos indebidos en perjuicio del erario público a cambios de un sistema de retornos constantes”, señalaron Picardi y Rodríguez. Los tres ya fueron procesados y volverán a ser indagados en esta nueva tanda.
La hipótesis del dictamen acusatorio, avalado en su decisión por el juez, señala “la existencia de un entramado organizado, mediante el cual se manipularon los procedimientos de compulsas de precios correspondientes al Programa Federal ‘Incluir Salud’, con el fin de asegurar la adjudicación de contrataciones en favor de un grupo reducido de empresas previamente seleccionadas, alternándose y redistribuyendo las ganancias”.
“La ANDIS fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado Nacional, tanto en lo relativo a medicamentos como insumos, que, por sus particularidades, resultan de alto impacto y baja incidencia”, aseguraron los fiscales.
Los llamados a indagatoria también abarcan a Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez, Diego Miras Acosta, Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
Los procesamientos dictados en la primera etapa de este expediente por Sebastián Cassanello como subrogante del juzgado 11, están siendo apelados ante la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Roberto Boico, Carlos Farah e Ignacio Irurzún. La defensa de Spagnuolo objetó en esas audiencia la validez de las escuchas adjudicadas al ex titular de la ANDIS que dieron el puntapié inicial a esta investigación.
