La solicitud se basa en la sospecha de que funcionarios, médicos y empresarios retrasaron la compra de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer en plena pandemia de Covid-19 para favorecer a firmas asociadas con compañías nacionales.
Según el fiscal Carlos Stornelli, quien también reclama la citación del infectólogo Pedro Cahn y el empresario Hugo Sigman, en la búsqueda de un bien por entonces escaso como eran las vacunas, se tejió una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses”. Los imputados habrían incurrido enabuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.
De acuerdo con el dictamen, en agosto de 2020, Pfizer le propuso al gobierno de Alberto Fernández un cronograma de entregas que aseguraba 13.200.000 dosis. De ese total, tres millones llegarían entre fines de 2020 e inicio de 2021. No obstante, las autoridades de salud prefirieron comprar vacunas Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca.
Para justificar el rechazo de las vacunas Pfizer, el Gobierno de entonces difundió la información según la cual el laboratorio estadounidense exigía cláusulas de inmunidad inéditas, e incluso una diputada kirchnerista denunció: “vienen por nuestros glaciares”, dando a entender que se proponía cambiar vacunas por soberanía.
Esas demoras “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”, afirma el dictamen.
“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, denunció Stornelli.
El saldo de 130 mil muertos por Covid-19 en nuestro país resuena en la denuncia, según la cual “habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población… no se trata de cuestiones fútiles o inocuas ya que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, en un contexto de emergencia sanitaria, derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
Para el fiscal, la figura de Hugo Sigman, ganador de los contratos de AstraZeneca y Sinopharm explica la lentitud para negociar con Pfizer y la presteza para hacerlo con quienes finalmente lograron los contratos. El empresario y su esposa, Silvia Gold, tuvieron estrechos y numerosos lazos personales, comerciales, institucionales y laborales con varios de los funcionarios que tenían en sus manos la compra de vacunas.
La nómina completa de ex funcionarios, médicos y empresarios a quienes Stornelli pide citar a indagatoria, incluye a Carla Vizzotti, Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Gabriela Tarragona, Cecilia Nicolini, Hugo Sigman, Pedro Cahn, Juan Manuel Artola, Greg Mueller, Ulrika Lilja, Paz Reviriego, Ma Yue, Hui Wang, Vladimir Primak y Alexander Chistyakov.
El fiscal se abstuvo de acusar al fallecido ex ministro de Salud Ginés González García, a quien Patricia Bullrich había señalado por negarse a comprar vecunas de Pfizer porque la empresa estadounidense no habría aceptado el pago de coimas a cambio de las ventas. La muerte del ex funcionario, extingue toda posibilidad de persecución penal.
