El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba e investiga los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores. La investigación, que incluye una auditoría de la AGN busca determinar si hubo irregularidades en los préstamos a dirigentes libertarios. ¿Cómo terminaron investigaciones similares en el pasado?
El juez Ariel Lijo dispuso la producción de prueba técnica en la causa que investiga el otorgamiento de créditos hipotecarios a largo plazo por parte del Banco de la Nación Argentina (BNA) a un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores nacionales.
También ordenó la realización de peritajes contables sobre los legajos para determinar si se aplicaron excepciones a la normativa interna de la entidad para favorecer a personas políticamente expuestas (PEP). La investigación se centra en préstamos que, en casos individuales, habrían alcanzado montos equivalentes a los 350.000 dólares.
Esta causa no es la primera que se inicia a raíz de denuncias de tratos preferenciales para personas pertenecientes o allegadas al poder: en 2022 se denunciaron créditos con tasas preferenciales para miembros del Gabinete porteño y legisladores de Juntos por el Cambio en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Esta causa finalizó con un sobreseimiento.
La Justicia consideró que, mientras los funcionarios mantuvieran la capacidad de pago y abonaran sus cuotas, la fijación de las condiciones financieras era una facultad comercial del banco y no un perjuicio punible al patrimonio estatal.
Otro expediente fue el que se abrió entre 2016 y 2017 a raíz del otorgamiento de Aportes No Reembolsables (ANR) durante la gestión de Francisco Cabrera en el Ministerio de Producción. Estos aportes no eran créditos bancarios, sino subsidios directos del presupuesto nacional -financiados en gran parte por programas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– que el Estado entregaba a empresas sin exigencia de devolución.
El conflicto estalló cuando se detectó que el programa PAC (Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad) había beneficiado con aproximadamente 1.500.000 pesos a una firma vinculada al Jefe de Gabinete del ministro Cabrera.
La exposición del caso forzó la renuncia del funcionario y, en el plano penal, la causa por negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad fue archivada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
El magistrado consideró que tras la salida del funcionario y los descargos del Ministerio que defendían la “transparencia” formal del trámite, no se podía establecer un delito patrimonial, consolidando un patrón donde la dimisión del implicado suele clausurar el expediente.
En contraste, la justicia ordinaria en provincias como Salta y Jujuy ha dictado condenas efectivas de prisión en suspenso e inhabilitación para funcionarios municipales involucrados en irregularidades con el plan Procrear. En estas jurisdicciones, el foco no estuvo en la solvencia del deudor, sino en el delito de falsedad ideológica, al probarse que los funcionarios falsearon datos en sus declaraciones juradas para acceder a cupos de vivienda social.
