Los jueces Víctor Pesino y Leopoldo Rago Gallo solicitaron seguir en funciones tras cumplir 75 años. El proceso depende ahora del Ejecutivo y el Senado, en un contexto de vacantes y tensiones institucionales.
El Ministerio de Justicia oficializó el inicio del trámite previsto en el artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional para la eventual continuidad en sus funciones de magistrados que alcanzaron los 75 años de edad. Se trata de un mecanismo excepcional que exige un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado para que jueces y juezas puedan permanecer en sus cargos más allá de ese límite etario.
Según la comunicación difundida en el marco del Reglamento aprobado por la Resolución RESOL-2024-226-APN-MJ, dos magistrados solicitaron formalmente ser mantenidos en sus funciones:
- Víctor Arturo Pesino, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal (Sala VIII).
- Leopoldo Jorge Rago Gallo, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan.
Un mecanismo constitucional bajo la lupa
La situación encuentra su fundamento en la reforma constitucional de 1994, que introdujo un límite etario para el ejercicio de la magistratura. A partir de los 75 años, los jueces deben ser nuevamente propuestos por el Poder Ejecutivo y obtener un nuevo acuerdo del Senado para continuar en el cargo por períodos de cinco años, renovables.
Este procedimiento, que en los hechos implica una suerte de “revalidación” institucional, ha sido objeto de debate en los últimos años. Por un lado, se lo presenta como una herramienta para garantizar estándares de idoneidad y control democrático. Por otro, algunos sectores advierten que podría abrir la puerta a tensiones sobre la independencia judicial si se utiliza como mecanismo de presión política.
Contexto institucional y tiempos políticos
El pedido de ambos magistrados se inscribe en un escenario más amplio de vacantes judiciales, demoras en los procesos de designación y discusiones sobre la arquitectura del Poder Judicial. En ese marco, la activación de estos procedimientos adquiere relevancia no solo por los casos individuales, sino también por el mensaje institucional que implica en términos de continuidad, estabilidad y renovación de la judicatura.
Ahora, el proceso seguirá su curso administrativo y político: el Poder Ejecutivo deberá decidir si eleva los pliegos correspondientes al Senado, donde se pondrá en juego el acuerdo necesario para habilitar la permanencia de los magistrados en sus cargos.
En un sistema judicial atravesado por debates sobre legitimidad, eficiencia y reformas estructurales, cada uno de estos movimientos vuelve a poner en primer plano la delicada relación entre independencia judicial y control institucional.
