Basso defendió la independencia judicial en una audiencia por el expediente contra el juez Goggi

El presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, declaró en el Consejo de la Magistratura en el expediente contra el juez Carlos Goggi y puso el foco en la independencia judicial como límite del control disciplinario.

En el marco de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Andrés Basso, participó como testigo en la audiencia celebrada en el expediente iniciado contra el juez Carlos Goggi. Allí, el magistrado trazó una línea clara: la defensa de la independencia judicial como principio rector del sistema.

La audiencia -de carácter público y transmitida por los canales oficiales- se inscribe en el trámite disciplinario que analiza la actuación del juez cuestionado. En ese contexto, Basso fue convocado para responder un cuestionario técnico, pero también para aportar una mirada institucional desde el rol que ocupa al frente de la entidad que nuclea a jueces y funcionarios judiciales.

Una premisa: la independencia judicial

Antes de responder las preguntas, Basso dejó sentado el encuadre de su intervención. Subrayó que todas sus respuestas estarían atravesadas por “el respeto irrestricto de la independencia judicial”, al que definió como un pilar esencial del Estado de Derecho.

En esa línea, sostuvo que el contenido de las sentencias constituye una esfera propia de los jueces, inmune a sanciones disciplinarias salvo supuestos de ilegalidad. La advertencia no fue menor: en el contexto de un expediente disciplinario, marcó el límite entre el control institucional y la autonomía jurisdiccional.

La inconstitucionalidad, bajo estándares estrictos

Uno de los ejes de la audiencia giró en torno al control de constitucionalidad. Basso recordó que declarar la inconstitucionalidad de una norma es un acto de “extrema gravedad institucional” y debe ser considerado la “última ratio” del ordenamiento jurídico.

Para ello, enumeró tres condiciones básicas:

  • La existencia de un caso concreto.
  • La acreditación de un perjuicio real.
  • El agotamiento de todas las interpretaciones posibles que permitan compatibilizar la norma con la Constitución.

Además, señaló que la Corte Suprema ha evolucionado hacia admitir -e incluso exigir- la declaración de inconstitucionalidad de oficio, aunque bajo estándares más rigurosos para resguardar el derecho de defensa y el principio de congruencia.

Jurisprudencia y margen de decisión

Consultado sobre el peso de la jurisprudencia de las cámaras, el titular de la AMFJN explicó que no siempre existe una obligación de seguir criterios previos, salvo en casos de fallos plenarios. En ese sentido, destacó que los jueces pueden apartarse de una línea consolidada si cuentan con fundamentos nuevos o atienden a particularidades del caso.

Respecto del expediente en análisis, precisó que no existe un fallo plenario de la Cámara Civil que imponga un criterio obligatorio, lo que deja abierto el margen de interpretación del juez de primera instancia.

Economía procesal vs. independencia

Otro punto abordado fue el impacto de decisiones reiteradamente revocadas por instancias superiores. Allí, Basso distinguió entre economía procesal y seguridad jurídica: mientras la primera puede verse afectada por la extensión de los procesos, la segunda —afirmó— no se resiente cuando está en juego la independencia judicial.

“Si ese es el costo de sostenerla, es un costo que debe admitirse”, sintetizó.

Honorarios y rol de la abogacía

La audiencia también incluyó preguntas sobre la ley de honorarios profesionales. Basso evitó fijar una postura institucional, pero consideró razonable el sistema de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), vinculado al salario de un juez de primera instancia, como mecanismo de actualización.

En paralelo, reivindicó el papel de los abogados como actores esenciales del sistema de justicia y destacó el trabajo conjunto con colegios profesionales, en una mirada que refuerza la idea de un sistema integrado por distintos roles pero con un mismo objetivo: garantizar el Estado de Derecho.

Un mensaje hacia el sistema

La participación de Basso en la audiencia no fue meramente técnica. Su exposición dejó un mensaje institucional en un momento sensible para el Consejo de la Magistratura: el control disciplinario no puede convertirse en una herramienta que condicione la función jurisdiccional.

El expediente contra el juez Goggi continúa su curso, pero la audiencia dejó planteado un debate de fondo que atraviesa a toda la justicia: cómo equilibrar los mecanismos de control con la preservación de la independencia judicial.

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