La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal acompaña a miles de personas en todo el país: quienes cumplen condenas fuera de la cárcel, quienes ya recuperaron la libertad y quienes están bajo medidas alternativas al proceso. Su tarea no es sólo controlar que se cumplan las condiciones impuestas por los tribunales, sino ayudar a construir algo diferente para evitar la reincidencia y construir una vida distinta.
Una mujer corpulenta, avasallante, acostumbrada a imponer su autoridad entre las internas del penal de Ezeiza, pidió hablar con Virginia Barreyro, la titular de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP). Cuando la tuvo enfrente, le dijo: “Me liberaron. Estoy vendiendo tortas que hago con mi hija. Le quería decir que usted es la primera persona en 50 años que me dijo que yo podía hacer algo bueno”.
La relación entre ambas no había empezado bien. Barreyro llevaba adelante en Ezeiza un taller para presas próximas a recuperar la libertad y esa mujer se dedicaba a boicotearlo. Hasta que otra reclusa comentó, al pasar, que hacía muy buenos bizcochuelos. Barreyro se aferró a ese dato. “¿Así que hacés buenas tortas? ¿Por qué no tratás de recuperar tu relación con tu hija mientras le enseñás a cocinar a tu nieta? Yo aprendí a hacer bizcochuelos mirando a mi abuela”, le dijo. La agresión se disolvió. Meses después llegó aquella visita a la oficina.
Barreyro encabeza la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), el organismo que depende de la Cámara de Casación y se ocupa de algo que el sistema penal raramente muestra: lo que viene después de la condena. Creada por ley en 2016 sobre la base del histórico Patronato Frías, la DCAEP supervisa y acompaña a 16500 personas distribuidas en todo el país, desde quienes cumplen una probation hasta quienes están bajo prisión domiciliaria, pasando por quienes ya cumplieron su condena, los que la recibieron en suspenso, a los que se les concedió la libertad condicional o asistida.
Un doble rol: controlar y acompañar
El mecanismo es preciso: cuando un tribunal toma alguna de esas decisiones respecto de un condenado, abre una carpeta, carga el oficio, informa la medida dictada, el domicilio fijado, las condiciones impuestas y a partir de ahí, la DCAEP toma intervención.
“Somos auxiliares de la justicia”, explica Barreyro y agrega: “El tribunal da la orden y nosotros intervenimos”. Desde ese momento, el organismo despliega su doble función: controlar que se cumplan las condiciones impuestas e informar periódicamente al juzgado, y al mismo tiempo asistir a la persona para que pueda construir algo diferente después de su conflicto con la ley.
Con lo que cada uno trae
El trabajo concreto depende de cada caso. En una libertad condicional puede implicar visitas domiciliarias y presentaciones periódicas en la oficina. En todos los casos supone conocer a la persona: de dónde viene, con quién le convendría vincularse, de quién alejarse. Barreyro recuerda el caso de un joven que genuinamente quería aprovechar la oportunidad de cambiar su vida y empezó cambiando su domicilio, que era el que tenía fijado en el tribunal. La DCAEP explicó que dejar esa casa donde su padre lo exhortaba a salir a robar, era lo mejor que podía hacer para empezar de nuevo.
El equipo de trabajo es interdisciplinario -trabajadores sociales, abogados, psicólogos, sociólogos, antropólogos- y la intervención se construye con los recursos reales disponibles: programas municipales de empleo, comedores comunitarios, talleres de oficios, organismos del Estado nacional pensados para ese fin, ONGs. La DCAEP firmó un convenio con los Hogares de Cristo por su presencia profunda y continuada en territorios difíciles. El lema de los Hogares es una frase del Papa Francisco: tomar la vida como viene, aprovechar lo que hay.
“Tratamos de que las instituciones vayan alrededor de la persona, en lugar de que la persona salga a buscar su destino sola”, dice Barreyro. El objetivo declarado es fomentar la autonomía y la responsabilidad: “Que entienda que es una oportunidad que quizá no se repita”.
Las mujeres, el eslabón más castigado
Un capítulo aparte merecen las mujeres bajo arresto domiciliario. La mayoría cumple condenas por narcomenudeo -delitos no violentos, punibles con más de cuatro años de prisión- y son, en la cadena del narcotráfico, el eslabón más bajo y más reemplazable. La mayoría ya fue víctima de violencia. Casi todas sostienen solas a sus hijos.
Para ellas, la dirección gestiona ante los tribunales permisos de salida con un único fin: capacitarse en oficios. “Tienen prohibido salir de su casa, pero ¿cómo pueden mantener a sus hijos sin seguir delinquiendo? Participan de talleres donde aprenden según sus intereses y habilidades y nosotros le explicamos al juzgado que van a salir, pero sólo para asistir a esos cursos”, explica Barreyro.
La transformación que no tiene estadísticas
La DCAEP no cuenta con estadísticas de reingreso al sistema penal. Lo que sí registra, según Barreyro, es otra cosa: “Con el acompañamiento hay un alto índice de transformación subjetiva y de reconversión de lo ilícito a lo lícito”.
Las dificultades estructurales son reales. Quienes llegan al organismo cargando trayectorias de exclusión -sin educación formal, sin formación laboral, con el estigma del paso por la cárcel- enfrentan un mercado de trabajo que ya es difícil para cualquiera y más para ellos. “El paso por el sistema penal deja sus huellas. El paso por la cárcel los elimina directamente de la posibilidad de trabajar”, dice Barreyro.
Sin embargo, entre esas grietas también se filtran señales de transformación. Aparecen en lo pequeño, en lo que no siempre entra en las estadísticas: cuando alguien encuentra un lugar en una cooperativa, cuando se integra a un comedor, cuando empieza a sentirse parte de algo. O cuando aquella mujer que alguna vez boicoteó un taller en Ezeiza vuelve, ya no para resistir, sino para contar que hoy vende tortas con su hija. En esas historias -mínimas, persistentes- se juega, quizás, la forma más concreta de la reinserción: la posibilidad de volver a empezar.
