Derogación de beneficios, redefinición de subsidios y normalización de deudas son los el núcleo de un proyecto que busca reflejar la nueva matriz productiva.
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación una iniciativa que busca modificae el Régimen de “Zona Fría”. En ese marco, el texto contempla la normalización de las deudas del mercado eléctrico y deroga beneficios de exportación para las petroleras. La iniciativa apunta a la “autosuficiencia económico-financiera” y un sistema tarifario que refleje los costos reales.
La mesa de entradas de la Cámara baja recibió en las últimas horas el nuevo paquete de reformas energéticas que el Poder Ejecutivo impulsa para consolidar su plan económico. El documento, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y sus ministros, propone una readecuación profunda del sistema de subsidios al gas, la regularización de las obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y el fin de los regímenes especiales para la explotación de hidrocarburos. El mensaje que porta el proyecto no deja lugar a dudas: el Estado nacional busca “sostener la política económica de reducción del déficit fiscal” y lograr el “ordenamiento de las cuentas públicas”.
Cambios en la “Zona Fría”
No hay que ser un político de fuste ni un cronista parlamentario experimentado para saber que uno de los puntos de mayor debate en las comisiones será la modificación del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. El Gobierno sostiene que la ampliación territorial que el Congreso aprobó anteriormente “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema”, al extender beneficios a regiones que no presentan condiciones climáticas de severidad.
Según los fundamentos del proyecto, el esquema actual genera un costo fiscal que el Tesoro ya no puede cubrir, incluso con el aumento de la alícuota al 7,5%. La nueva normativa limita el beneficio geográfico automático a la Región Patagónica, el Departamento de Malargüe en Mendoza y la Región de la Puna. Para el resto de las zonas que hoy gozan de descuentos, la ayuda estatal solo llegará a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este sistema agrupa a los usuarios más vulnerables, cuyos ingresos familiares no superen las tres Canastas Básicas Totales.
De este modo, el Ejecutivo asegura una segmentación socioeconómica que prioriza el “uso eficiente de los recursos públicos”.
Otro de los cambios clave tiene que ver con las distribuidoras de la cadena de pagos. El proyecto establece una “compensación directa a los proveedores” de gas, lo que elimina el desacople financiero que hoy afecta a las empresas del sector.
Autosuficiencia eléctrica y normalización del MEM
En materia eléctrica, el proyecto ataca el problema de la deuda de las distribuidoras con CAMMESA. La propuesta faculta a la Subsecretaría de Energía Eléctrica para que determine las diferencias de ingresos que las empresas dejaron de percibir por las leyes de emergencia y el congelamiento de tarifas.
El Estado nacional utilizará estos créditos para cancelar las deudas que las distribuidoras mantienen por la compra de energía en el MEM. El texto aclara que esta medida tiene un carácter excepcional y busca, sobre todo, “alcanzar la autosuficiencia económico-financiera del sistema eléctrico argentino”.
Además, el proyecto impone una condición estricta: las empresas deben declinar cualquier reclamo judicial o administrativo contra el Estado por los efectos de las emergencias pasadas.
Tarifas automáticas y fin de privilegios petroleros
Además, la propuesta introduce una reforma estructural en la formación de los precios finales. Tanto para la electricidad como para el gas natural, las autoridades deben garantizar el “traslado automático a las tarifas” de los costos de adquisición de la energía.
Este mecanismo pretende asegurar que los precios reflejen siempre los costos reales del suministro y cubran las necesidades de inversión.
En el capítulo de hidrocarburos, el Gobierno propone una limpieza normativa drástica. El texto deroga el Decreto N° 929 de 2013 y los regímenes de acceso a divisas creados en 2022 para la producción incremental de petróleo y gas.
El Ejecutivo argumenta que estos beneficios representan un costo que el Estado “no puede continuar sosteniendo”. Según el mensaje oficial, el nuevo contexto legal que el Congreso aprobó recientemente ya brinda un “contexto adecuado a nuevas inversiones” sin necesidad de privilegios fiscales o cambiarios adicionales.
Apuesta por las energías renovables
Finalmente, la iniciativa otorga un horizonte de previsibilidad al sector de las energías limpias. El proyecto prorroga hasta el año 2045 las exenciones de gravámenes para el acceso y la utilización de fuentes renovables. También autoriza la cesión a terceros de los contratos de abastecimiento que hoy están en manos del sector público, con el fin de facilitar la finalización de proyectos de inversión en curso.
El debate parlamentario comenzará en los próximos días. El oficialismo confía en que los gobernadores apoyarán la medida, ya que el texto invita a las provincias a revisar sus propios esquemas tarifarios locales para sanear las deudas de las distribuidoras de sus jurisdicciones.
