Funcionarios, jueces, legisladores y especialistas coincidieron en que el aumento de los amparos de salud puso al sistema al borde de una crisis estructural. PROMESA, la revisión del PMO y una nueva agencia técnica aparecen como ejes de la reforma.
El sistema de salud argentino atraviesa una tensión cada vez más profunda entre la expansión de derechos, el avance tecnológico y la capacidad real de financiamiento. Ese fue el eje central del segundo desayuno de trabajo sobre la evolución del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), realizado este jueves y organizado por OSDEPYM, IIDOS y FESAL.
Del encuentro participaron autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, legisladores, jueces federales, integrantes del Cuerpo Médico Forense, académicos y representantes del sector privado, quienes coincidieron en un diagnóstico preocupante: la judicialización de la salud se convirtió en uno de los principales factores de presión económica y operativa sobre el sistema.
Según los datos expuestos durante la jornada, entre 2011 y 2018 la litigiosidad en materia sanitaria aumentó un 384%, mientras que actualmente cerca del 70% del trabajo diario de los juzgados civiles y comerciales federales está vinculado con amparos de salud.
El presidente de FESAL, Dr. Franco Caviglia, definió el escenario como un choque entre expectativas ilimitadas y recursos escasos. “El derecho no le puede exigir a la salud lo que la economía no le puede dar a la medicina”, sostuvo, al tiempo que advirtió que el gasto sanitario crece en todo el mundo por encima del PBI. En ese contexto, planteó la necesidad de abandonar una lógica de expansión permanente de derechos sin financiamiento y avanzar hacia “consensos en condiciones de escasez”.
Una de las mayores preocupaciones giró en torno al impacto de los medicamentos y tratamientos de alto costo. El superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, explicó que actualmente esas prestaciones absorben más del 40% de la recaudación de las entidades financiadoras, afectando seriamente la sustentabilidad del sistema y reduciendo los recursos disponibles para la atención primaria.
PROMESA y el intento de desjudicializar los conflictos
Frente a este escenario, el sistema PROMESA comenzó a consolidarse como una de las herramientas elegidas para intentar descomprimir la litigiosidad.
A poco más de seis meses de su implementación, más del 50% de las mediaciones concluyeron con acuerdo, porcentaje que asciende al 60% cuando interviene el Estado Nacional.
En ese marco, el diputado nacional Manuel Quintar anunció que se está estudiando la factibilidad de un proyecto para modificar el Código Procesal Civil y Comercial y convertir la mediación prejudicial en una instancia previa y obligatoria antes de iniciar una demanda judicial.
La propuesta apunta a reducir la cantidad de amparos urgentes que llegan a los tribunales y generar espacios de resolución anticipada entre pacientes, obras sociales, prepagas y el Estado.
Pero PROMESA no fue la única reforma discutida. Durante el encuentro también se plantearon otros dos cambios estructurales considerados prioritarios:
- La creación de una Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, destinada a brindar criterios científicos y técnicos objetivos sobre tratamientos, medicamentos y prestaciones.
- La revisión integral del Programa Médico Obligatorio (PMO), actualmente expandido por más de 100 leyes sancionadas en las últimas décadas que incorporaron nuevas prestaciones sin establecer mecanismos claros de financiamiento.
El mensaje del Gobierno: “No somos una máquina de fabricar billetes”
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, presentó durante la jornada las principales líneas de gestión del Gobierno nacional orientadas al reordenamiento del sistema sanitario.
Entre las medidas destacadas mencionó la creación de la Administración Nacional de Empresas de Salud (ANES), diseñada para centralizar compras y reducir costos en hospitales nacionales.
Además, se refirió al problema de los medicamentos de alto costo y marcó un límite presupuestario explícito: “Nosotros no somos una máquina de fabricar billetes”.
En paralelo, anunció modificaciones en el sistema de receta electrónica para restringir la prescripción de medicamentos complejos exclusivamente a médicos especialistas certificados, con el objetivo de evitar indicaciones inadecuadas y mejorar los controles.
El enfoque oficial estuvo atravesado por dos conceptos centrales: eficiencia y eliminación de intermediaciones consideradas innecesarias dentro del sistema sanitario.
La presión sobre los tribunales
La mirada judicial ocupó también un lugar relevante en el debate.
Los jueces federales Alfredo Guzmán y Alejandro Nobili describieron la complejidad de resolver diariamente amparos vinculados a tratamientos médicos, medicamentos o coberturas urgentes sin contar, muchas veces, con conocimientos técnicos especializados.
La situación se agrava por la presión temporal: en numerosos casos, las decisiones judiciales involucran tratamientos de vida o muerte que requieren respuestas inmediatas.
Representantes del Cuerpo Médico Forense reconocieron además que las estructuras técnicas de apoyo judicial se encuentran desbordadas y coincidieron en la necesidad de construir soluciones integrales que eviten que cada conflicto sanitario termine inevitablemente en los tribunales.
Un nuevo contrato social para la salud
El gerente General de OSDEPYM, Facundo Rodríguez, concluyó que el “PROMESA es el puntapié inicial para generar consensos que nos permitan tener políticas públicas que acompañen la realidad de todos los actores del sector salud con una canasta prestacional taxativa y motivada a las necesidades de la gente, así como la creación de una Agencia de evaluación tecnológica sanitaria”.
La jornada estuvo marcada por un consenso transversal: dejar atrás los diagnósticos repetidos y avanzar hacia acuerdos concretos entre todos los actores involucrados en el sistema de salud.
Funcionarios, jueces, legisladores y especialistas coincidieron en avanzar en dos líneas de trabajo: por un lado, la revisión del rol formativo de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura en relación con el impacto sistémico de las decisiones judiciales en salud; y, por otro, la consolidación de una mesa de diálogo multisectorial integrada por el Ministerio de Salud, financiadores, prestadores, el Poder Judicial, legisladores, académicos y usuarios, con el aporte técnico del Cuerpo Médico Forense.
En ese clima, varios participantes evocaron la histórica consigna “argentinos a las cosas” como síntesis del desafío pendiente: pasar del diagnóstico compartido a las reformas concretas antes de que la crisis de financiamiento termine comprometiendo la capacidad misma del sistema para responder a las demandas de las próximas generaciones.
