En una jornada realizada en la Embajada de Canadá, fiscales, especialistas y académicas advirtieron sobre el crecimiento de la violencia de género en entornos digitales, la falta de respuestas judiciales eficaces y el impacto del hostigamiento online en la vida pública y profesional de las víctimas.
La Embajada de Canadá fue sede de una jornada de reflexión y debate sobre violencia de género en entornos digitales, organizada junto al Posgrado “Violencia de género en entornos digitales: prevención, combate y respuestas desde el Derecho” de la UBA, el Programa de Género y Derecho de la UBA y el Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia.
La actividad incluyó la proyección del documental canadiense Je vous salue salope (2022), dirigido por Léa Clermont-Dion y Guylaine Maroist, que expone las experiencias de mujeres con alta exposición pública frente al acoso y la violencia en redes sociales, además de los desafíos legales e institucionales para abordar estas problemáticas.
La bienvenida estuvo a cargo del Consejero Político de Canadá, Jonathan Sauvé, quien destacó la importancia de promover espacios de diálogo interdisciplinario para analizar las nuevas formas de violencia digital y fortalecer respuestas institucionales desde el derecho y las políticas públicas. Ana Casal, en representación del Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia; y de Ana Correa, coordinadora del Posgrado en Violencia de Género en Entornos Digitales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Casal destacó la importancia de esta actividad como parte del trabajo que el Foro desarrolla para articular experiencia judicial, conocimiento académico y saberes construidos en los territorios. Correa, además de agradecer a la Embajada de Canadá y al Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia, destacó que la Universidad de Buenos Aires cuenta con el primer posgrado de la región orientado a prevenir y combatir la violencia de género en entornos digitales, y celebró que esta formación sea una iniciativa conjunta del Programa de Género y Derecho y de la Especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la UBA.
Tras la exhibición se desarrolló un panel institucional moderado por Ana Correa, con exposiciones de María Julia Giorgelli, Genoveva Cardinali y Yasmin Quiroga. La organización general estuvo a cargo de Vanesa Maura Risetti.
Durante su intervención, la fiscal especializada en violencia de género de la ciudad de Buenos Aires, Genoveva Cardinali, advirtió sobre las dificultades históricas del Poder Judicial para reconocer la violencia digital como una manifestación específica de violencia de género: “Nos costó muchísimo al Poder Judicial visualizar y entender, por falta de perspectiva de género, lo que es la violencia de género digital”.
Cardinali señaló que, pese a los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y a la existencia de normas como la Ley 26.485, durante años muchas de estas conductas fueron minimizadas o naturalizadas: “Tenemos que entender que lo virtual es real”.
En ese sentido, destacó la importancia de la denominada “Ley Olimpia”, sancionada en 2023, como una herramienta que permitió dotar de definiciones concretas al fenómeno y brindar mayores recursos al sistema judicial. “El Poder Judicial no puede seguir diciendo que necesita más leyes. Tiene que trabajar”, afirmó.
La fiscal también puso el foco en la ausencia de una figura penal específica para sancionar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y explicó que, en muchos casos, los fiscales deben recurrir a otras figuras penales como amenazas o coacción.
“Lo que nos interesa es que se sancione la conducta de quien difunde la imagen, porque si no se produce un subregistro y no sabemos que eso es violencia de género”, sostuvo.
Otro de los ejes de su exposición estuvo vinculado al debate público sobre las denuncias falsas. En referencia a un reciente relevamiento realizado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, Cardinali destacó: “De 8 millones y medio de denuncias penales, solo el 0,09% corresponden a denuncias falsas y apenas el 8% de ese universo son casos de género”.
Y concluyó: “Díganme entonces dónde está la necesidad de decir que las mujeres somos mentirosas”.
Sobre el cierre, Cardinali compartió una experiencia personal ocurrida días atrás dentro del propio ámbito judicial, vinculándola con las formas cotidianas de violencia simbólica y discriminación que aún persisten: “Sigue pasando. Y empezó a pasar más”.
Por su parte, Yasmin Quiroga -integrante de Data Género- presentó resultados de una encuesta federal sobre violencia de género digital y remarcó la importancia de producir información estadística para dimensionar el fenómeno y diseñar políticas públicas: “No solamente nos dicen cosas los datos que existen, también nos dicen mucho aquellos datos que faltan”.
Quiroga explicó que uno de los principales problemas detectados es la dificultad de las propias víctimas para identificar estas situaciones como violencia: “Las personas no nos reconocemos víctimas de este tipo de violencia porque muchas veces ni siquiera sabemos que existe”.
En ese sentido, destacó uno de los resultados más significativos de la investigación realizada a nivel federal: “Cuando preguntamos directamente si habían sufrido violencia digital, el 64% dijo que no. Pero cuando pusimos ejemplos concretos, el 40% respondió que sí”.
La investigadora también señaló que la violencia digital impacta especialmente en mujeres y diversidades con exposición pública, así como en integrantes del colectivo LGBTIQ+ y en víctimas de violencia por parte de parejas o exparejas.
Otro de los puntos centrales de su exposición estuvo vinculado con las consecuencias psicológicas, laborales y sociales de estas prácticas, particularmente la autocensura: “Muchas personas dejan de publicar lo que piensan por miedo a las consecuencias, incluso dentro de sus propios ámbitos familiares o laborales”.
Asimismo, advirtió sobre los efectos que este tipo de violencia puede tener sobre la participación pública y profesional de las víctimas: “Hay personas que dejaron trabajos, proyectos o incluso espacios públicos por situaciones de hostigamiento digital”.
Finalmente, Quiroga remarcó la necesidad de fortalecer las políticas de capacitación y alfabetización digital para brindar herramientas de prevención y cuidado. “Tenemos que empezar a entender qué hay detrás de las plataformas y qué podemos hacer para protegernos en los entornos digitales”, manifestó.
A su turno, María Julia Giorgelli puso el foco en la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas y en las limitaciones que todavía existen para abordar de manera eficaz la violencia digital desde el plano regulatorio y judicial. “Cuando uno ve la película, ve casos que tienen diez años. Y desde entonces, lo que uno observa es que la situación empeoró”, resaltó.
En esa línea, sostuvo que el ecosistema digital continúa funcionando sin controles suficientes frente a discursos de odio, campañas de hostigamiento y afectaciones a la intimidad y la reputación online: “A los grandes actores del ecosistema digital esto parece no preocuparles”.
Giorgelli advirtió que, si el debate se limita exclusivamente al autocuidado de las víctimas, se corre el riesgo de trasladar toda la responsabilidad a quienes padecen la violencia. “Si no ponemos el foco en la responsabilidad de las plataformas y de los intermediarios, estamos complicadas”, aseguró.
Asimismo, señaló que muchas personas transitan los entornos digitales sin herramientas suficientes para comprender cómo operan las plataformas y los algoritmos: “Solemos navegar por un espacio digital opaco. No sabemos por qué recibimos determinadas recomendaciones ni cómo funcionan realmente las plataformas”.
La especialista también destacó que las brechas digitales no se limitan al acceso a la tecnología, sino que incluyen desigualdades vinculadas al conocimiento y a la participación: “Desde chicas muchas veces somos expulsadas de esos espacios, y eso genera también una brecha de conocimiento”.
Finalmente, citó un informe reciente sobre moderación de contenidos en América Latina y cuestionó la falta de intervenciones contundentes frente a discursos de odio y violencias digitales.
“Las bajas de contenidos suelen darse por derechos de autor o apuestas, pero no hay intervenciones fuertes sobre discursos de odio, privacidad o reputación online”, finalizó.
