La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario que el Estado solicitó el 16 de abril contra la resolución que ordenaba cumplir la ley de financiamiento universitario manera inmediata, con lo que su aplicación queda en suspenso hasta que la Corte resuelva.
El fallo firmado por los camaristas Sergio Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira admitió la procedencia del recurso, pero rechazó el planteo de arbitrariedad que el Gobierno había esgrimido contra los pronunciamientos anteriores: sostuvo que los defectos invocados se reducen a una mera discrepancia con lo resuelto, lo que no alcanza para descalificar fallos que consideró suficientemente fundados.
Los jueces también desestimaron el argumento de gravedad institucional: la intervención de la Corte no tiene por objeto reparar un interés institucional del Estado sino remediar un interés patrimonial de carácter individual y el Gobierno tampoco demostró la frustración real y concreta de un derecho federal.
El expediente tiene su origen en una acción de amparo que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) interpuso en octubre de 2025 ante el incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo: la norma ordenaba actualizar los salarios de docentes y no docentes y el monto de las becas estudiantiles, pero el Gobierno la vetó con el argumento de que no precisaba de dónde saldrían los fondos y que su aplicación comprometería el equilibrio fiscal.
El juez de primera instancia Martín Cormick ordenó en diciembre pasado el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos precisamente a esas actualizaciones. La Cámara confirmó esa decisión en marzo de 2026 y fue contra ese último pronunciamiento que el Estado, a través del Ministerio de Capital Humano y la Procuración del Tesoro, presentó el recurso extraordinario ahora concedido.
La resolución se conoció a menos de una semana de la cuarta marcha federal universitaria, convocada en reclamo de la aplicación de la ley y la recomposición de salarios que, según el CIN, acumulan una caída real superior al 45% desde 2023.
