La presidenta electa del CPACF, Alejandra García, presentó la conferencia que brindó Andrés De La Cruz sobre el juicio por la expropiación de YPF y defendió la intervención del Colegio como amicus curiae ante tribunales extranjeros para “evitar que el derecho argentino fuera interpretado de manera descontextualizada”.
La presidenta electa del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Alejandra García, participó este jueves de una conferencia sobre el conflicto internacional derivado de la expropiación de YPF y sostuvo que el caso excede una discusión patrimonial entre accionistas porque involucra “consecuencias económicas e institucionales directas sobre el Estado argentino”.
La actividad, titulada “Fallo YPF – Estrategia y Alea: Aciertos y Errores”, se llevó en la Sala “Dr. Humberto A. Podetti” de la sede del CPACF y contó con la exposición del abogado Andrés De La Cruz, quien tuvo intervención directa en una de las etapas del proceso judicial tramitado en tribunales extranjeros. La moderación estuvo a cargo de Javier Lorente.
Durante la apertura, García explicó que el eje de la jornada estuvo centrado en “analizar el fallo en el caso YPF desde la perspectiva de la estrategia procesal, el alea y las decisiones que se fueron adoptando a lo largo de un litigio de enorme complejidad”.
“No se trataba de un caso más”, afirmó la abogada y agregó que el expediente “puso en discusión cuestiones estructurales: la interpretación del derecho argentino en tribunales extranjeros, los alcances de la jurisdicción y las consecuencias económicas e institucionales de decisiones judiciales de gran impacto”.
En ese contexto, García también destacó la participación institucional del Colegio Público dentro del expediente judicial a través de una presentación como amicus curiae. Según señaló, esa intervención se produjo “a partir de una convocatoria del Procurador del Tesoro” y tuvo como objetivo aportar “argumentos técnicos sobre la interpretación del derecho argentino”.
La futura titular del Colegio sostuvo que la actuación del CPACF se vinculó con las facultades que la Ley 23.187 le otorga a la institución para intervenir en cuestiones de interés jurídico e institucional.
“En este caso, el aporte del Colegio tuvo un objeto preciso: contribuir a que un tribunal extranjero comprendiera adecuadamente nuestro sistema jurídico”, remarcó García, al referirse particularmente a la discusión sobre “la relación entre el estatuto de una sociedad argentina, la ley societaria y el régimen de expropiación definido por la Ley 26.741”.
En otro tramo de su exposición, insistió en que el litigio no podía analizarse únicamente desde una lógica comercial o societaria.
“No se trataba de una discusión meramente patrimonial entre accionistas, sino de un caso en el que una interpretación errónea del derecho argentino podía proyectar consecuencias institucionales y económicas directas sobre el Estado argentino y, en esa medida, comprometer intereses públicos”, sostuvo.
García señaló además que la presentación del CPACF como amicus curiae buscó “evitar que el derecho argentino fuera interpretado de manera descontextualizada, como si el estatuto social pudiera prevalecer sobre el régimen legal aplicable a la expropiación”.
Tras la apertura institucional, Andrés De La Cruz desarrolló un análisis sobre el litigio por la expropiación de YPF, con foco en las estrategias procesales adoptadas a lo largo del expediente y las distintas decisiones judiciales que marcaron la evolución del caso ante tribunales internacionales.
