Un informe de la PROCUVIN expuso que durante el año 2025 personas detenidas realizaron cientos de llamados para denunciar problemas médicos, dificultades para contactar defensores y condiciones de encierro. Ezeiza y Marcos Paz concentraron buena parte de los reclamos.
Los teléfonos fijos de las cárceles del país no solo sobreviven a la modernidad sino que además suelen ser el único puente con el afuera que tiene un preso sin acceso a un dispositivo móvil. Durante 2025, cientos de personas detenidas recurrieron a líneas gratuitas habilitadas por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) para denunciar problemas de salud, pedir intervención judicial o alertar sobre situaciones de aislamiento y malos tratos dentro de las cárceles.
El informe, presentado este jueves en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, analizó 399 llamados recibidos durante el último año, que derivaron en 574 reclamos y 588 intervenciones por parte del organismo especializado del Ministerio Público Fiscal.
Los principales pedidos estuvieron vinculados al acceso a la salud y a la Justicia. Según el relevamiento, hubo 149 reclamos relacionados con atención médica y otros 146 asociados a dificultades para acceder a defensores, dependencias judiciales o información sobre las causas.
Detrás de esos números aparecen situaciones cotidianas del encierro: detenidos que reclamaron asistencia médica intramuros, personas que denunciaron trabas para comunicarse con sus abogados y pedidos de intervención por las condiciones de alojamiento dentro de los penales.
El informe también advirtió que el 43% de las comunicaciones con dependencias judiciales estuvieron relacionadas con denuncias por condiciones de encierro.
La mayoría de las llamadas provinieron de cárceles del Servicio Penitenciario Federal, especialmente de los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz, dos de las unidades más grandes del país.
En paralelo, el relevamiento mostró otro costado de la vida carcelaria. Entre los reclamos también aparecieron denuncias por malos tratos del personal penitenciario, situaciones de aislamiento, conflictos entre internos y protestas dentro de las unidades.
De los 83 reclamos vinculados a hechos de violencia o conflictividad intramuros, el 30% correspondió a medidas de protesta como huelgas de hambre o incendios, mientras que el 28% estuvo relacionado con denuncias de maltrato penitenciario y el 24% con situaciones de aislamiento solitario.
El documento sostiene además que muchas personas privadas de libertad enfrentan obstáculos concretos para acceder a la Justicia: limitaciones para comunicarse con defensores, barreras administrativas dentro de las cárceles y temor a represalias por parte de las autoridades penitenciarias.
En ese contexto, el teléfono aparece muchas veces como la única herramienta disponible para denunciar lo que ocurre detrás de los muros.
