El proyecto busca declarar una serie de emergencias para proteger a la industria nacional.
En un escenario de fragilidad económica extrema para el sector productivo un grupo de legisladores, encabezado por Miguel Ángel Pichetto, presentó un proyecto de ley que busca declarar la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) en todo el territorio argentino.
El texto que, además de Pichetto, también firman Julia Strada, Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Carlos Cisneros, pretende frenar la desaparición sistemática de unidades productivas y sostener el empleo formal.
La iniciativa surge como una respuesta directa de la oposición a los datos alarmantes de la economía real. Según los fundamentos la industria nacional atraviesa una “recesión profunda” que se traduce en una utilización de la capacidad instalada de apenas el 53,8%, niveles comparables a los momentos más críticos de la pandemia.
En ese marco, los autores advierten que “la persistencia de costos operativos crecientes con volatilidad tarifaria, apertura importadora indiscriminada con apreciación cambiaria, una carga tributaria que no distingue escalas productivas y el derrumbe del consumo interno (…) colocaron a miles de empresas en una situación de extrema vulnerabilidad”.
Un blindaje tarifario y fiscal de 365 días
La propuesta legislativa establece una vigencia inicial de 365 días para la emergencia, prorrogable por un período igual. Durante este lapso, el Estado nacional aplicaría una reducción del 50% en las tarifas de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente para las empresas alcanzadas.
Esta medida funcionaría, según marca el proyecto, mediante un subsidio directo a las prestatarias de servicios. Asimismo, el texto propone reducir a la mitad la alícuota del IVA para el consumo de estos servicios en procesos productivos.
Por otra parte, en el plano impositivo, plantea la creación un Régimen Excepcional de Regularización de Obligaciones Tributarias para deudas devengadas desde enero de 2025. El esquema de beneficios otorga una condonación del 100% de multas e intereses para las microempresas, un 75% para las pequeñas y un 50% para las medianas del tramo uno.
Además, las MiPyMES quedarán exentas del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, más conocido como «impuesto al cheque».
El Estado como motor del consumo interno
El proyecto no se limita al alivio financiero, sino que introduce mecanismos de “discriminación positiva” para fortalecer el mercado interno. La concepción está en las antípodas de la visión que emana de la Casa Rosada.
Entre sus puntos más destacados, obliga a la Administración Pública Nacional a adjudicar el 30% de sus compras centralizadas a las MiPyMES locales, siempre que sus precios no superen en más de un 15% a otras ofertas.
Además, para agilizar la cadena de pagos, el texto impone un régimen de pago acelerado que obliga al Estado y a sus empresas dependientes a cancelar facturas en un plazo máximo de 30 días corridos.
Innovación en la crisis: reestructuración preventiva de pasivos
Uno de los pilares de la ley es la creación del Régimen de Reestructuración Preventiva de Pasivos (RPP).
El sistema pensando por la oposición permitiría a las empresas en crisis solicitar la apertura de un proceso judicial que suspende, de pleno derecho, las subastas de bienes, las ejecuciones hipotecarias y los pedidos de quiebra. Los fundamentos, en este caso, destacan que este procedimiento permite a las firmas “suspender ejecuciones y subastas mientras negocian con sus acreedores, bajo una propuesta de continuidad que prioriza el mantenimiento de los puestos de trabajo”.
La urgencia
Los legisladores sustentan la necesidad de esta “cruzada nacional” en la estadística de cierres patronales.
En ese marco, el documento cita datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que revelan que, entre noviembre de 2023 y enero de 2026, desaparecieron 24.180 unidades productivas, lo que representa un promedio de 30 cierres por día. Casi la totalidad de estas bajas (el 99,74%) corresponde a empresas de hasta 500 trabajadores.
Los autores de la iniciativa sostienen que la declaración de emergencia es un acto de realismo político: “Sin MiPyMES no hay reconstrucción económica posible, ni posibilidades reales de lograr una Argentina creciente e inclusiva”.
En este sentido, el proyecto condiciona la permanencia en el régimen de beneficios a la preservación de los puestos de trabajo, castigando los despidos sin justa causa con la exclusión total de la ley.
Monitoreo federal
Para garantizar la efectividad de estas medidas, la propuesta prevé la creación de un Consejo de Monitoreo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el ámbito del Ministerio de Economía.
Este organismo, que quedará integrado mayoritariamente por representantes de entidades civiles con presencia federal, realizará diagnósticos permanentes y evaluará el impacto de las políticas económicas en el sector.
El proyecto, además, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a estos fundamentos para articular un alivio fiscal coordinado en todo el país.
Dentro del contexto general que plantea el proyecto, los firmantes sostienen como eje central de los fundamentos que la norma tiene como único objetivo que la política económica oficial “no se lleve puestas a las MiPyMES que siguen en pie a pesar de la enorme cantidad de dificultades que enfrentan a diario”.
