El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario escaló al máximo tribunal después de que el Gobierno apelara los fallos que lo obligaban a aplicar la ley votada por el Congreso. Mientras el expediente espera una definición judicial, mañana habrá marchas en todo el país contra el ajuste sobre las universidades nacionales.
La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento del sistema educativo sumó en las últimas semanas un nuevo capítulo judicial que coloca a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un papel central. En medio del conflicto, mañana martes 12 de mayo se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país para exigir que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por el fuerte deterioro presupuestario y salarial dentro de las casas de estudio. Según datos elaborados por el propio organismo en base a estadísticas oficiales, desde la asunción de Javier Milei el presupuesto universitario sufrió una reducción real del 45,60%, mientras más de 10 mil docentes abandonaron el sistema por los bajos salarios.
El reclamo no se limita únicamente al ajuste económico. Las universidades sostienen que el Gobierno incumple una ley aprobada y ratificada por amplias mayorías parlamentarias y desoye además resoluciones judiciales que ordenaron su aplicación.
El recorrido judicial
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado. Tras el veto presidencial, tanto Diputados como el Senado volvieron a ratificarla con mayorías de dos tercios. Sin embargo, el Gobierno reglamentó parcialmente la norma y dejó afuera los artículos vinculados a la recomposición salarial docente.
Ese punto se convirtió en el eje de la disputa judicial. A fines de octubre, unas cuarenta universidades nacionales se presentaron ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal para cuestionar la constitucionalidad del decreto presidencial.
El 23 de diciembre pasado, el juez Martín Cormick, dictó una medida cautelar y sostuvo que la reglamentación parcial era inconstitucional. Luego, en marzo, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó esa resolución y ordenó al Estado nacional aplicar la ley y garantizar las partidas correspondientes.
Pero el conflicto escaló todavía más. El 17 de abril venció el plazo fijado para que el Estado cumpliera la sentencia y el Gobierno decidió acudir a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario. En esa presentación incluso pidió apartar a los jueces del máximo tribunal bajo el argumento de que los tres ministros son docentes universitarios. Finalmente, el pasado 7 de mayo la Cámara aceptó conceder el recurso y giró el expediente a la Corte Suprema, donde ahora deberá definirse el futuro judicial de la ley.
Mientras tanto, el sistema universitario insiste en que la situación salarial se volvió crítica. Según los números difundidos por el CIN, un ayudante de segunda con dedicación simple cobra apenas 177 mil pesos mensuales y un profesor titular simple ronda los 395 mil. Incluso el cargo docente más alto con dedicación exclusiva apenas supera por poco más de 150 mil pesos la canasta básica familiar.
La pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023 supera el 35%, según cálculos realizados sobre la base del IPC. De acuerdo al informe del CIN, para recuperar el nivel salarial previo a la llegada de Milei al Gobierno sería necesario un incremento del 53% sobre los haberes actuales.
La situación también impacta sobre el sistema científico. Un investigador que recién inicia su carrera cobra actualmente un salario equivalente al de un docente adjunto con dedicación exclusiva, con ingresos cercanos a 1,2 millones de pesos mensuales.
La desmentida oficial
Sin embargo, desde el Gobierno rechazaron las cifras difundidas por las universidades y cuestionaron la convocatoria a la marcha. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, desmintió el dato sobre la salida de 10 mil docentes del sistema y aseguró que la planta universitaria creció durante los últimos dos años.
“El total de docentes creció: en 2023 había 147.821 y para el cierre de 2025 son un total de 152.545. No fueron 10 mil”, publicó el funcionario desde su cuenta de X.
Álvarez sostuvo además que las denuncias de desfinanciamiento responden a una estrategia política vinculada al clima electoral universitario. “Cada vez que hay una marcha o elecciones estudiantiles montan un show público”, afirmó.
Pese a la respuesta oficial, desde el CIN insistieron en que el conflicto excede la discusión salarial y se transformó en una disputa institucional por el cumplimiento de una ley ratificada por el Congreso y respaldada judicialmente.
“Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo de la Nación”, expresó el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.
