Cómo se prepara el distrito Córdoba para el nuevo sistema acusatorio que comenzará en junio

A un mes de la entrada en vigencia del sistema acusatorio en Córdoba y La Rioja, más de 40 fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal participaron de una capacitación en litigación oral. Simularon audiencias de control de detención, formalización de investigaciones, control de acusación y debates orales. El nuevo esquema comenzará a regir el 15 de junio en ambos distritos, mientras que en Comodoro Py fue postergado otra vez hasta febrero de 2027.

A poco más de un mes de la entrada en vigencia del sistema acusatorio federal en las provincias de Córdoba y La Rioja, el Ministerio Público Fiscal aceleró las capacitaciones para fiscales y funcionarios que deberán adaptarse a un esquema que cambiará por completo la dinámica de las investigaciones judiciales. ¿Cuándo finalmente se implementará en Comodoro Py? En principio, el 15 de febrero de 2027, según el último anuncio del Ministerio de Justicia de la Nación.

Por lo pronto, la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA), dependiente de la Procuración General de la Nación, realizó la semana pasada una “capacitación en herramientas de litigación para fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal” de la que participaron 45 integrantes del organismo en el distrito Córdoba, que también abarca a La Rioja.

Las jornadas se desarrollaron en el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez de la capital cordobesa y estuvieron enfocadas en el entrenamiento práctico para las audiencias orales que prevé el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), cuya implementación comenzará el próximo 15 de junio en ambas provincias.

Durante la capacitación distintos grupos simularon una audiencia multipropósito de la etapa de investigación (Foto: Unisa).

El nuevo modelo acusatorio implica un cambio profundo en el funcionamiento de la Justicia federal, ya que otorga a los fiscales un rol central en la investigación penal, mientras que los jueces pasan a desempeñar funciones de control y garantía del proceso.

La capacitación se realizó bajo modalidad de taller y apuntó a fortalecer habilidades de litigación oral para las etapas de investigación, audiencia intermedia y juicio. Como parte del entrenamiento, los participantes trabajaron sobre casos hipotéticos elaborados por la UNISA y simularon audiencias de control de detención, formalización de investigaciones, control de acusación y debates orales.

Durante las prácticas también se realizaron ejercicios de alegatos de apertura y clausura, examen y contraexamen de testigos y presentación de evidencia documental y material.

Entre los capacitadores estuvieron el fiscal federal de Jujuy, Federico Zurueta, y el especialista en litigación oral Diego Calo Maiza, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y capacitador del Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura porteño. Por la UNISA participó además la coordinadora Carla Di Gangi.

Carla Di Gangi, coordinadora de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (Foto: Unisa).

De las jornadas participaron los fiscales federales María Virginia Miguel Carmona, Carlos María Casas Noblega, Maximiliano Hairabedian, Carlos Gonella, Alberto Lozada y Rodolfo Cabanillas, además de auxiliares fiscales y funcionarios judiciales de todo el distrito.

Qué pasa en Comodoro Py

Mientras Córdoba avanza hacia la puesta en marcha del nuevo esquema procesal, la situación en Comodoro Py sigue marcada por las demoras. En abril pasado, el Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por Juan Bautista Mahiques, oficializó una nueva prórroga para la implementación del sistema acusatorio en la órbita de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

La entrada en vigencia fue diferida para el 15 de febrero de 2027 y se convirtió en la tercera postergación consecutiva. Inicialmente, el Gobierno había prorrogado el cambio para noviembre de 2025 y luego para abril de 2026, en medio de advertencias del procurador interino Eduardo Casal sobre la falta de recursos humanos, infraestructura y condiciones edilicias para aplicar el nuevo sistema.

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