La Justicia Federal imputó al presidente, al director y a un médico de la Clínica Centro por haber facturado al menos 191 consultas y prácticas médicas que, según la investigación, nunca fueron realizadas. La maniobra habría causado un perjuicio millonario al PAMI y quedó al descubierto tras la denuncia de una afiliada.
Una afiliada revisó su historial en la aplicación del PAMI y detectó algo que nunca había ocurrido: estudios médicos, consultas y prácticas que figuraban como realizadas, aunque jamás había pisado la clínica donde aparecían cargadas. Esa fue precisamente la punta del ovillo que sirvió para la Justicia pudiera detectar una maniobra sistemática de facturación fraudulenta contra el Estado que realizaba un sanatorio privado de la ciudad de Pergamino.
Según fuentes judiciales, la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, encabezada por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello, formalizó la imputación contra el presidente y el director médico de Clínica Centro SA -ubicada en la calle Pueyrredón 840 de Pergamino– como coautores del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. También quedó imputado un médico de la institución, señalado como partícipe necesario de las maniobras.
Según la acusación, entre abril y diciembre de 2024 la clínica habría validado y facturado 191 Órdenes Médicas Electrónicas (OMES) correspondientes a consultas y prácticas que nunca se realizaron sobre 28 afiliados del PAMI. El perjuicio económico estimado supera actualmente los 3,2 millones de pesos, de acuerdo con la actualización realizada por el organismo.
La investigación sostiene que para concretar la maniobra se utilizaban datos personales de afiliados que nunca habían sido atendidos en la institución. Con sus números de DNI y trámite se cargaban consultas, electrocardiogramas, radiografías y otros estudios presuntamente realizados en la Clínica Centro, ubicada en Pergamino, para luego transmitir esas órdenes al sistema oficial de PAMI y facturarlas.
El expediente se inició en marzo del año pasado luego de que una jubilada denunciara ante la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI que le aparecían seis órdenes médicas en su historial que jamás se había hecho. La mujer aportó capturas de pantalla de la aplicación y, a partir de allí, los investigadores detectaron otros casos similares.
Con llamados telefónicos a afiliados, análisis informáticos, tareas de campo y un allanamiento realizado por la Policía Federal, la fiscalía concluyó que las prácticas médicas no existieron, aunque sí fueron cobradas por la clínica.
Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fue la velocidad con la que se emitían las órdenes médicas. Según el análisis judicial, el médico imputado confeccionaba OMES con diferencias de apenas entre cuatro y ocho segundos para un mismo afiliado, cuando una consulta presencial real demanda entre diez y veinte minutos. Solo entre junio y agosto de 2024 habría emitido 87 órdenes.
La fiscalía también incorporó al expediente una auditoría realizada por el PAMI en agosto de 2024 que había detectado graves irregularidades en la clínica. El informe señalaba falta de documentación, carencia de personal profesional y problemas de infraestructura y equipamiento para cumplir con las prestaciones convenidas.
Durante el allanamiento, además, no fueron encontradas historias clínicas vinculadas a los pacientes investigados. Para los fiscales, eso reforzó la hipótesis de que las prestaciones médicas directamente nunca existieron.
La investigación fue formalizada ante el juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo, quien ordenó una caución real de 10 millones de pesos para cada uno de los imputados y les prohibió salir del país durante 90 días mientras avanza la pesquisa.
