El control de constitucionalidad es parte de las atribuciones de muchos parlamentos a lo largo del mundo. La Constitución argentina no otorga esa posibilidad, sin embargo un grupo de legisladores cree que el Congreso puede hacer su aporte.
Los diputados Mónica Frade, Esteban Paulón, Lourdes Arrieta y Carlos Castagneto presentaron ante la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que propone la creación de la Oficina de Asesoramiento Constitucional (OAC). La iniciativa busca saldar una deuda histórica en la técnica legislativa argentina: la ausencia de un filtro preventivo que asegure la armonía entre las nuevas normas y el bloque de constitucionalidad.
De aprobarse, la norma en cuestión bajaría el nivel de litigiosidad que se fue incrementando desde el regreso de la democracia hasta hoy. Algo que, sin dudas, suma incertidumbre a la cambiante realidad política argentina.
El nuevo organismo funcionará bajo la órbita del Honorable Congreso de la Nación. Su misión principal consiste en expedirse sobre la concordancia de todos los proyectos en trámite parlamentario con las disposiciones de la Constitución Nacional y los tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional. De este modo, la OAC actuará como un cuerpo de consulta permanente para las comisiones parlamentarias y brindará una asistencia técnica especial a las Comisiones de Asuntos Constitucionales de ambas cámaras.
En términos concretos, funcionará como la Oficina de Presupuesto, cuya creación vino a salar discusiones que en la mayoría de los casos se dirimían en la Justicia. Claro, que en todos los casos en el control o la evaluación no es vinculante.
Estructura y selección por mérito
La propuesta plantea que la dirección de la OAC debe recaer sobre un Director General, con rango de Secretario de Cámara, y un Director de Dictámenes, con jerarquía de Pro-secretario. En ese sentido, jerarquiza la idoneidad técnica por encima de las designaciones políticas. Por esta razón, un concurso público de oposición y antecedentes determinaría quiénes son los más aptos para ocuprar esos cargos.
Un Comité Evaluador de 11 integrantes calificará a los postulantes. Este cuerpo interdisciplinario reunirá a los presidentes y vicepresidentes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales de Diputados y el Senado, a tres constitucionalistas de trayectoria y a representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Los directores permanecerán cinco años en sus funciones y el Congreso permite una única reelección. Para acceder a la Dirección General, el candidato debe acreditar un título en Derecho y al menos diez años de experiencia relevante en Derecho Público y Constitucional. La planta de la OAC se completará con diez agentes profesionales especializados, quienes también ingresarán mediante concursos de oposición desde la planta permanente del Congreso.
Funciones estratégicas y transparencia
La Oficina de Asesoramiento Constitucional asume facultades amplias para fortalecer el sistema jurídico. El Director de Dictámenes analiza y compara la legislación nacional con el derecho internacional y la jurisprudencia vigente. Este análisis permite que los dictámenes posean un sustento académico y jurídico sólido.
El proyecto garantiza la transparencia de la gestión mediante la publicidad total de los actos. El artículo 15 dispone que todos los informes de la OAC mantendrán el carácter de acceso público y el Congreso los publicará en sus sitios web oficiales. Además, la oficina podrá suscribir convenios de cooperación con universidades y centros de investigación tanto nacionales como extranjeros para perfeccionar su mandato.
Fundamentos de la propuesta
En los fundamentos de la iniciativa, los autores subrayan la necesidad de proteger la supremacía constitucional. Actualmente, Argentina aplica un sistema de control judicial “a posteriori”, donde los jueces intervienen una vez que la ley ya rige. Esto genera un fenómeno que la doctrina denomina “control difuso”, el cual multiplica los procesos judiciales y satura los tribunales con recursos de inconstitucionalidad para casos análogos.
El texto cita precedentes históricos, como el caso “Marbury v. Madison” de 1803 y definiciones del jurista Germán Bidart Campos, para recordar que la Constitución es el primer fundamento del orden jurídico. Bajo esta premisa, la creación de la OAC prevé disminuir la conflictividad que se da tras la sanción de las normas. Si el Congreso sanciona leyes que respetan la Constitución desde su origen, la litigiosidad contra el Estado bajará de forma drástica.
La propuesta moderniza el trabajo legislativo y otorga herramientas técnicas a los diputados y senadores. Aunque cada legislador posee asesores propios, la complejidad del Derecho Público contemporáneo requiere una estructura fija, profesional y con procedimientos estandarizados. Si el Cuerpo legislativo aprueba esta ley, la Oficina de Asesoramiento Constitucional comenzará a operar 90 días después de su publicación en el Boletín Oficial.
