El máximo tribunal cuestionó con dureza la decisión que había frenado los nombramientos y ratificó la ampliación de la Corte provincial de cinco a nueve integrantes. “La cuestión debatida exhibe una marcada trascendencia institucional”, señalaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en la disputa que desde el año pasado enfrentaba a sectores del Poder Judicial, la Legislatura y el Ejecutivo de Santa Cruz y terminó habilitando la ampliación del Tribunal Superior de Justicia provincial impulsada por el gobernador Claudio Vidal.
Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal nacional dejó sin efecto la resolución que había impedido asumir a los nuevos magistrados designados tras la reforma judicial aprobada por la Legislatura provincial.
“Esta Corte no advierte que existan impedimentos para que los jueces designados según la ley 3949 asuman inmediatamente el cargo”, sostuvieron los ministros en el fallo. Además remarcaron que la decisión implica que la norma “recobre su plena aplicabilidad” y que el Tribunal Superior de Justicia santacruceño “se encuentra integrado con el número legal de nueve miembros”.
La disputa se había originado en agosto del año pasado, cuando la Legislatura de Santa Cruz aprobó la Ley 3949 para ampliar de cinco a nueve el número de integrantes del máximo tribunal provincial.
Tras la sanción de la ley, Vidal promovió los pliegos de Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero. Los dos primeros llegaron incluso a prestar juramento ante el presidente del tribunal provincial, Daniel Mariani.
Sin embargo, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma y los nombramientos. Luego, los jueces Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta declararon nula la decisión que había permitido la incorporación de los nuevos magistrados.
En su resolución, la Corte Suprema cuestionó con dureza esa maniobra y sostuvo que la sentencia provincial “exhibe graves defectos de fundamentación”. Según el fallo, la controversia excedía el interés de las partes porque “se encuentra en juego la correcta integración de uno de los poderes del estado local”.
Los ministros también remarcaron que el máximo tribunal nacional tiene la responsabilidad de “asegurar el cumplimiento del orden institucional establecido” y criticaron que la Justicia provincial hubiera utilizado “genéricas afirmaciones” para validar el reclamo sindical contra la reforma judicial.
