Más allá de la retorica del oficialismo, son dos legisladores de la oposición los que van por el fin de un privilegio que atenta contra la igualdad de oportunidades.
Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade presentaron un proyecto de ley que busca erradicar definitivamente el ingreso por herencia en la administración pública argentina.
La iniciativa deja de lado cualquier tipo de preferencia o beneficio basado en vínculos de parentesco para las designaciones en el Sector Público Nacional, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El texto normativo garantiza el cumplimiento efectivo del criterio de idoneidad y asegura condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, tal como lo exige la Constitución Nacional.
El corazón del proyecto radica en la eliminación de prácticas que los autores consideran contrarias a la ética republicana. La propuesta pretende “terminar con el ingreso hereditario al empleo público, que ha sido previsto en diversos entes u organismos del Estado, por constituir un privilegio que se contrapone con el derecho a la igualdad”. Según los fundamentos la meritocracia y la profesionalización de la planta estatal resultan indispensables para una prestación eficiente de los servicios públicos y el cuidado de los recursos de la sociedad.
En este caso los legisladores establecen una regulación que impone prohibiciones taxativas en su articulado. Por caso, el artículo 2 impide que los procedimientos de selección fijen privilegios por parentesco, sin importar la modalidad de contratación de la persona. Por su parte, el artículo 3 obliga a los funcionarios a abstenerse de cualquier conducta o política que facilite o promueva estos beneficios indebidos.
En este marco, los legisladores afirman que “la transmisión hereditaria de los cargos públicos está en pugna con la propia naturaleza del Estado que es a quien le pertenecen”. Esta postura técnica coincide con los criterios de la Procuración del Tesoro de la Nación, la cual define a estas normas como una “categoría sospechosa por contravenir, sin interés estatal urgente, la garantía de igualdad”.
El documento detalla situaciones vigentes en diversos organismos donde aún rigen estos derechos sucesorios de facto. El Estatuto del Banco Central de la República Argentina otorga un beneficio de ingreso a la planta permanente a favor del grupo familiar primario de trabajadores fallecidos. De igual modo, el Convenio Colectivo de Trabajo de la AFIP prevé la designación inmediata de un hijo o cónyuge ante el deceso de un agente. El proyecto de Ferraro y Frade deroga toda normativa o convenio que mantenga tales excepciones y recuerda que la Ley N° 24.185 excluye el principio de idoneidad de las materias sujetas a negociación colectiva.
La iniciativa otorga jerarquía de ley a los lineamientos del Decreto 732/2018, emitidos durante la gestión de Cambiemos para limitar estas prácticas en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, esta nueva propuesta extiende el alcance de la prohibición a los tres poderes del Estado para consolidar un sistema de integridad superior. Los autores subrayan que el artículo 4° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público ya exige la acreditación previa de idoneidad mediante regímenes de selección transparentes.
En la etapa final de sus fundamentos, los diputados solicitan el acompañamiento de sus pares para sancionar esta norma que consideran vital para la transparencia institucional. El proyecto concluye que la selección de personal sobre la base de la capacidad real, y no del apellido, protege los recursos públicos y profesionaliza el Estado. Con este avance legislativo, el Congreso intenta enviar una señal clara: el acceso a la función pública es un derecho basado en el mérito y no un bien que los empleados transmiten a sus herederos.
