El proyecto ya ingresó al Congreso, fue girado a las comisiones correspondientes y podría comenzar a debatirse durante el segundo semestre del año.
El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Honorable Senado de la Nación el proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que busca eliminar restricciones “ilegítimas que afectan el contenido esencial del derecho de propiedad y pretende fortalecer la seguridad jurídica en todo el territorio nacional”.
El texto, que ya tiene giro a Comisiones y busca meterse en el cronograma parlamentario, es parte del paquete de leyes enviado por el Poder Ejecutivo tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
La propuesta normativa fundamenta su urgencia en el deterioro que muestran los indicadores internacionales sobre la protección de derechos patrimoniales en la República Argentina. El mensaje que acompaña la iniciativa detalla que el país alcanzó un valor de 41 puntos en el Índice de Libertad Económica, cifra que sitúa a la nación por debajo del promedio mundial de 52 unidades.
Ante este escenario, el Gobierno sostiene que “el derecho de propiedad no sólo protege intereses individuales, sino que constituye un presupuesto esencial para el desarrollo económico, la inversión, la previsibilidad y la autonomía personal”.
Reformas al régimen expropiatorio y límites al Estado
El primer capítulo del proyecto introduce modificaciones sustanciales a la Ley N° 21.499 de expropiaciones. Establece que la declaración de utilidad pública debe tener una interpretación restrictiva y cumplir estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
A partir de la reforma propuesta, el legislador y la administración cargan con la obligación de justificar que la expropiación constituye el medio menos restrictivo para alcanzar el interés público.
En cuanto a la compensación económica, el texto define criterios estrictos para evitar indemnizaciones ilusorias en contextos inflacionarios. La suma a pagar sólo comprenderá el valor objetivo del bien al momento del desposeimiento y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
Además, el proyecto prohíbe de forma taxativa el cómputo de valores afectivos, ganancias hipotéticas o el mayor valor que pueda conferir el proyecto que motiva la acción estatal. En ese marco, la norma incorpora un mecanismo de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una tasa de interés comercial razonable hasta el momento del pago efectivo.
Celeridad en los desalojos y protección ante ocupaciones ilegítimas
Otro de los ejes centrales radica en la modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para agilizar la restitución de inmuebles. En ese marco, desde el Ejecutivo proponen que las acciones de desalojo se sustancien por el proceso sumarísimo. Por eso la iniciativa faculta a los magistrados para disponer la entrega inmediata de la propiedad en casos donde el derecho invocado sea verosímil, previa caución juratoria del actor.
Para combatir la demora en la Justicia, el proyecto moderniza los sistemas de notificación mediante la incorporación del domicilio electrónico. También otorga mayores facultades a los jueces para identificar a los ocupantes y asegurar la eficacia de las sentencias.
El articulado precisa que “la demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización”, situación que resulta incompatible con las garantías constitucionales
Giro en la regularización dominial y tierras rurales
La reforma también alcanza al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. El Poder Ejecutivo critica el modelo actual de la Ley N° 27.453, al cual califica de centralizado y poco efectivo. Según los fundamentos, tras siete años de vigencia, solo el 0,08% de los habitantes de barrios populares posee título de propiedad sobre la tierra que habita
El nuevo esquema propone un rol preponderante para las provincias y municipios, con el fin de diseñar mecanismos de regularización ágiles y adaptados a las realidades locales.
En relación con la Ley de Tierras Rurales, la iniciativa elimina restricciones generales que el Gobierno considera desproporcionadas para la inversión extranjera. El proyecto busca restablecer un equilibrio que reconozca el valor del capital externo como motor del desarrollo nacional. El enfoque se desplaza hacia un control específico sobre Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos que puedan representar un riesgo para la seguridad y soberanía nacional
Manejo del fuego y digitalización del registro inmobiliario
El proyecto de ley deroga las limitaciones de uso de inmuebles tras incendios que introdujo la reforma del año 2020 a la Ley N° 26.815. La administración actual califica tales restricciones como “irracionales y carentes de fundamentos científicos”. El objetivo, según los autores del texto, es permitir que los propietarios recuperen la capacidad de explotación económica de sus tierras mientras cumplen con la obligación de recomponer el daño ambiental.
En un marco más general, impulsa la modernización de los Registros de la Propiedad Inmueble a través de la Ley N° 17.801. La reforma impone la digitalización integral del sistema y la creación de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para reducir plazos y costos de transacción. La intención de esta modificación es clara y tiene que ver con facilitar el acceso remoto a la información registral y fortalecerá la transparencia en el mercado inmobiliario.
Desde ya que todas y cada una de las modificaciones, más allá de estar sustentada desde los argumentativo en su sentido práctico también tiene un profundo trasfondo ideológico. En ese contexto, el mensaje del Ejecutivo concluye con una advertencia contundente sobre la misión del Estado en el sistema democrático. El texto afirma que “un Estado que se olvida de proteger la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos es un Estado que se olvida de cumplir con el rol para el cual fue fundado e impide el correcto progreso individual y de toda la sociedad”.
Bajo esta lógica, el Gobierno solicita al Congreso el pronto tratamiento y sanción de una norma que considera indispensable para el futuro económico del país. Lo cierto es que más allá de sus deseos, en un escenario de internas a cielo abierto y de mayorías volátiles definir un cronograma es una utopía.
