El Gobierno volvió a sacudir la agenda política con el envío de un paquete de leyes al Congreso. En ese escenario, una de las iniciativas -orientada a transparentar aspectos sensibles de la gestión- concentra especialmente la atención del sector empresario.
El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso un proyecto para regular la gestión de intereses en los ámbitos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esta iniciativa, denominada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses” y que será conocida como la Ley de Looby, busca eliminar la opacidad histórica que rodea a las decisiones estatales y establecer reglas claras para la interacción entre el sector público y el privado.
La propuesta define la gestión de intereses como toda actividad de promoción, representación o incidencia que realice una persona para influir en una decisión pública. A partir de su sanción, tanto los gestores como los funcionarios tendrán la obligación de registrar cada encuentro, ya sea presencial o digital, en un sistema de acceso público y gratuito.
Mitigar privilegios
El proyecto, según entienden desde el Ejecutivo, ataca de raíz las fallas de mercado que genera el acceso privilegiado a la información y a los tomadores de decisiones. En ese marco, desde los fundamentos del texto sostienen que “un Estado más transparente es aquel que se erige sobre una base sin arbitrariedad y privilegios y con una mayor libertad y participación de sus ciudadanos”. El Gobierno explica que es la falta de regulación actual la que fomenta asimetrías que perjudican la competencia legítima.
Así las cosas, subrayan que la transparencia “promueve condiciones más equitativas de competencia, desalentando un aislamiento del Estado por parte de sus grupos con mayor capacidad de presión en la toma de decisiones”. De este modo, la iniciativa pretende que el interés general prevalezca sobre las influencias de sectores específicos que hoy operan en ámbitos reservados.
Algo que en algunos sectores de la oposición hace ruido. En ese contexto marcan las contradicciones del oficialismo que, según ellos, acaba de presentar una ley como el Súper RIGI que tiene como destinatario un “amigo poderoso del Gobierno”.
El nuevo régimen
El articulado alcanza a figuras de máxima jerarquía, desde el Presidente y los Ministros hasta directores nacionales y asesores con capacidad de decisión. En el Poder Legislativo, la norma incluye a diputados, senadores y autoridades administrativas. Todos estos sujetos obligados deben asentar los detalles de sus reuniones en un plazo de cinco días hábiles.
Por el lado de los privados, la inscripción en el “Registro Público de Gestores de Intereses” resulta una condición necesaria para mantener cualquier contacto con el Estado. Los gestores deben presentar informes trimestrales sobre sus actividades, donde identifiquen a sus clientes y los temas sobre los cuales intentaron influir.
El texto legal también incorpora una regulación específica para los intereses extranjeros. Aquellos que actúen por cuenta de estados o empresas foráneas deben declarar esta condición de forma explícita. Los fundamentos aclaran que “la calidad institucional no se declama, se construye con reglas claras en el tablero de juego, que limiten el poder y expongan su ejercicio al control público”.
Incompatibilidades
Para evitar el fenómeno de las “puertas giratorias”, donde funcionarios pasan al sector privado para aprovechar sus vínculos previos, la ley impone una inhabilitación temporal. Los ex funcionarios no podrán realizar gestiones de intereses ante los organismos donde se desempeñaron por un período de 24 meses tras el cese de sus funciones.
El régimen sancionatorio prevé multas que llegan hasta los 2000 salarios mínimos (algo así como 500 mil dólares) para casos de falsedad en la declaración de intereses extranjeros. El proyecto introduce figuras penales inéditas. La “gestión clandestina de intereses” podrá recibir penas de prisión de seis meses a dos años para quienes actúen sin inscripción previa. La misma pena recae sobre quien oculte la verdadera identidad de su cliente o beneficiario final.
Finalmente, el Gobierno justifica la razonabilidad de esta reglamentación al amparo del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. Según los fundamentos, este proyecto representa un paso necesario para que la Argentina avance hacia un Estado “responsable y alineado con los principios republicanos fundacionales, con miras a colocar nuevamente a la República Argentina en la senda de la prosperidad”. El debate parlamentario determinará ahora si existe la voluntad política exponer aún más las practicas que ya son habituales y que no mejoran el humor de la sociedad.
