A través de un comunicado oficial, la cartera nacional publicó la sentencia del caso “Zambrano y Rodríguez”. El tribunal internacional responsabilizó al Estado por la desaparición y ejecución de dos hombres en el año 2000 y ordenó medidas de reparación.
El Ministerio de Justicia de la Nación difundió oficialmente la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso “Zambrano, Rodríguez y otros vs. Argentina”, una decisión que declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Mendoza hace más de dos décadas.
La publicación se realizó en cumplimiento de una de las medidas ordenadas por el tribunal regional y fue acompañada por un comunicado en el que el Estado reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
“La República Argentina informa que el 28 de agosto de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Zambrano, Rodríguez y otros vs. Argentina”, señaló el texto difundido por la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques.
Una condena por desaparición forzada y ejecución extrajudicial
José Segundo Zambrano y Pablo Marcelo Rodríguez desaparecieron el 25 de marzo de ese año luego de haber mantenido contacto con integrantes de la Policía provincial. Sus familiares denunciaron inmediatamente lo ocurrido e impulsaron recursos de hábeas corpus, pero las respuestas estatales fueron insuficientes.
Más de tres meses después, ambos fueron hallados muertos en la zona del piedemonte de Godoy Cruz, con impactos de arma de fuego.
Tras analizar el caso y luego del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el propio Estado argentino, la Corte concluyó que las víctimas fueron sometidas a una desaparición forzada seguida de ejecución extrajudicial, con participación de agentes de la Policía de Mendoza.
Qué dijo la Corte
El tribunal regional sostuvo que Argentina incumplió su obligación de investigar de manera diligente y efectiva los hechos, lo que derivó en una situación de impunidad que se extendió durante más de veinte años.
En consecuencia, declaró vulnerados los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de las víctimas.
Asimismo, entendió que fueron afectados los derechos de sus familiares a obtener verdad, justicia y reparación.
Las medidas ordenadas
Entre las medidas de reparación impuestas por la Corte figuran la continuidad de las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido, la determinación y sanción de los responsables, la asistencia a los familiares y el pago de las indemnizaciones correspondientes.
También ordenó la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y la difusión de la sentencia.
Precisamente en cumplimiento de esta última obligación, el Ministerio de Justicia publicó el fallo y recordó que el Estado “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones internacionales” y su voluntad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y la prevención de hechos de violencia institucional.
Un caso emblemático de violencia institucional
El expediente es considerado uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional registrados en Mendoza durante la etapa democrática y vuelve a colocar bajo observación internacional el desempeño estatal frente a denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
La decisión de difundir oficialmente la sentencia también marca un gesto institucional relevante: no es frecuente que el propio Estado publique y reconozca expresamente una condena internacional por violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, especialmente cuando los hechos investigados permanecieron sin una respuesta judicial definitiva durante más de dos décadas.
