El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a nueve años de prisión al falso pastor evangélico Elías Daniel Argüello Soria, líder de “Dimensión Cielo”, una organización que captaba personas vulnerables para someterlas a trabajo forzado, aislamiento y control psicológico. El fiscal Carlos Gonella la calificó como “un caso paradigmático de organización coercitiva”. Las víctimas recibirán reparaciones de 80 millones de pesos.
El pseudo pastor fue considerado como el líder de “Dimensión Cielo”, una comunidad que se presentaba como un espacio de contención espiritual y valores religiosos que atraía a personas vulnerables que terminaban siendo víctimas de reducción a servidumbre y explotación laboral.
Los jueces Enrique Liljedahl, Noel Costa y José Fabián Asís también condenaron a la esposa de Argüello Soria, Daiana Felisa Herrera, y dos colaboradores -Ricardo Matías Mercado y Marcos Matías Burini, cada uno a cuatro años de prisión como partícipes secundarios.
La religión como anzuelo
La organización operó primero en Tucumán y luego en Córdoba, y captaba a sus integrantes mediante redes sociales y música religiosa; el perfil de las personas apuntadas era siempre el mismo: individuos en situación de vulnerabilidad emocional, económica o familiar, a quienes se les prometía vivienda, trabajo y contención espiritual dentro de una comunidad de vida evangélica.
Durante el juicio se acreditó que las víctimas eran sometidas a un proceso gradual de despersonalización: cambios de nombre, modificaciones en el aspecto físico, reglas estrictas sobre la vida cotidiana, restricciones en el contacto con familiares y personas ajenas al grupo, lo que la fiscalía calificó como “un mecanismo de manipulación psicológica de tipo religioso que infundía miedo”.
Las defensas intentaron encuadrar esas prácticas como una experiencia comunitaria consensuada, con convivencia voluntaria e ingresos compartidos a través de un “fondo común”. Una frase atribuida a Argüello y citada por el fiscal Gonella en su alegato ilustra la lógica del sometimiento: “cada uno de ustedes es fiel a Dios y eso es ser fiel a mí”.
Trabajo sin pago, hacinamiento y maltrato
Las víctimas trabajaban en emprendimientos inmobiliarios, en la producción y venta callejera de panificados, y realizaban tareas domésticas y de cuidado, todo sin recibir una remuneración real, porque los ingresos que generaban eran absorbidos por el “fondo común” administrado por los líderes de la organización.
Las condiciones de vida documentadas durante los allanamientos reflejan el grado de sometimiento; debajo de una escalera dormían dos mujeres “en estado de evidente hacinamiento”, algunas víctimas se bañaban con mangueras o dormían en sillones en sus propios lugares de trabajo.
El análisis de escuchas telefónicas y mensajes confirmó el nivel de control que Argüello ejercía sobre cada aspecto de la vida del grupo: tomaba “absolutamente todas las decisiones económicas, productivas y comerciales” y daba instrucciones a sus colaboradores “incluso en los más mínimos detalles”, según sostuvo la fiscalía en su alegato.
La acusación destacó además un dato que atraviesa muchos casos de trata: varias de las personas damnificadas no se reconocían a sí mismas como víctimas, efecto directo del nivel de manipulación psicológica al que habían sido sometidas.
Reparaciones para las víctimas
El tribunal hizo lugar al pedido de reparación económica impulsado por el Ministerio Público Fiscal y la querella: para una de las víctimas se fijó una indemnización de 48.034.445 pesos; para otra, 28.800.000 pesos; y para familiares de una tercera persona afectada, 3.500.000 pesos.
Además, los jueces mantuvieron las restricciones de acercamiento y comunicación de los condenados con las víctimas hasta el cumplimiento efectivo de las penas, ordenaron conservar los embargos dispuestos durante la investigación y decretaron el decomiso de vehículos, dinero, computadoras, teléfonos celulares y otros bienes secuestrados.
