La jueza Sandra Arroyo Salgado cuestionó la situación de los penales bonaerenses, mientras que el subsecretario Julián Curi defendió los controles del sistema federal. Ambos coincidieron en que los teléfonos móviles se han convertido en una herramienta clave para el crimen organizado tras las rejas.
Las cárceles dejaron hace tiempo de ser únicamente espacios de encierro. Para jueces, fiscales y autoridades penitenciarias, se han transformado en un escenario central de la lucha contra el crimen organizado. Estafas virtuales, extorsiones telefónicas, amenazas y hasta operaciones vinculadas al narcotráfico encuentran hoy en los teléfonos celulares una herramienta capaz de mantener activas estructuras delictivas aun detrás de los muros.
Ese fue el punto de partida del panel “Uso del celular en las cárceles”, desarrollado en el marco de la Jornada Especial de Abogacía organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UADE. Allí, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Julián Curi, coincidieron en la gravedad del fenómeno, aunque abordaron realidades distintas: mientras la magistrada puso el foco en la situación de los establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires, el funcionario describió las medidas implementadas por el Servicio Penitenciario Federal para impedir que los detenidos continúen delinquiendo desde el encierro.
La actividad contó con la participación de Nicolás Durrieu, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UADE, y fue moderada por la periodista Eleonora Cole.
La situación de las cárceles bonaerenses bajo la lupa
Arroyo Salgado abrió su exposición con una advertencia contundente sobre la disparidad normativa existente entre el sistema federal y la provincia de Buenos Aires.
Según explicó, la Ley 24.660, reformada en 2017, prohibió expresamente el uso de teléfonos celulares para las comunicaciones dentro de las cárceles federales y ordenó la instalación de inhibidores de señal. Sin embargo, señaló que la provincia de Buenos Aires no adhirió a esa normativa y mantiene vigente una autorización que nació como una medida excepcional durante la pandemia de COVID-19.
“Esto fue en el 2020, estamos en el 2026 y sigue siendo posible tener un celular por persona dentro de las cárceles bonaerenses. En realidad hay una situación de facto que no tiene amparo legal ni jurisprudencial”, sostuvo la magistrada.
Para la jueza, la discusión suele plantearse en términos equivocados. Restringir el uso de teléfonos móviles, aclaró, no implica impedir que las personas privadas de libertad mantengan contacto con sus familiares o abogados.
Por el contrario, explicó que el derecho a la comunicación puede garantizarse a través de los sistemas habilitados dentro de los establecimientos penitenciarios, sin necesidad de permitir dispositivos que posibiliten actividades ilícitas.
Delitos que atraviesan los muros
Uno de los aspectos más preocupantes destacados por Arroyo Salgado fue el crecimiento de los delitos virtuales organizados desde el interior de las cárceles.
“Estos delitos virtuales no conocen de fronteras, no conocen de territorios, pueden ejecutarse desde un penal bonaerense y producir sus consecuencias nocivas en CABA o en el resto del país”, advirtió.
La magistrada ilustró el fenómeno con datos obtenidos durante investigaciones judiciales. Según relató, en allanamientos realizados dentro de establecimientos penitenciarios llegaron a secuestrarse entre tres y cuatro teléfonos celulares por detenido, una cifra que evidencia la circulación de equipos no declarados y el uso extendido de dispositivos dentro de las unidades.
Detrás de esos teléfonos, explicó, operan sofisticados mecanismos de extorsión que han afectado a víctimas en distintos puntos del país.
Entre ellos mencionó los llamados “llamados del terror”, una modalidad en la que los delincuentes se hacen pasar por familiares, policías o funcionarios para exigir transferencias de dinero bajo amenazas o falsas denuncias. Estas maniobras estuvieron presentes en investigaciones vinculadas al caso de Rodrigo Gómez y a otros episodios similares ocurridos en distintas jurisdicciones.
Fue en ese contexto que Arroyo Salgado utilizó una de las expresiones más impactantes de toda la jornada.
“Las cárceles hoy día son una universidad del delito donde quien ingresa empieza a conocer el know-how de los detenidos”, afirmó.
La frase sintetiza una preocupación creciente entre jueces y especialistas: la posibilidad de que los establecimientos penitenciarios terminen funcionando como espacios donde se perfeccionan métodos criminales y se fortalecen vínculos entre organizaciones delictivas.
Cuando el delito sigue operando desde el encierro
Para reforzar ese diagnóstico, la jueza recordó el accionar de la denominada “Banda del Millón”, cuyos líderes continuaban coordinando actividades criminales mientras permanecían detenidos.
Según explicó, desde la cárcel realizaban tareas de inteligencia, organizaban la logística de los hechos y dirigían en tiempo real a quienes ejecutaban materialmente los delitos en la calle.
A su entender, este fenómeno expone una problemática estructural que excede la mera presencia de dispositivos móviles.
“La realidad es que hay una corrupción estructural en nuestro país, en todas las instituciones del Estado”, sostuvo.
El modelo de control que impulsa el Servicio Penitenciario Federal
Desde la perspectiva de la gestión penitenciaria federal, Julián Curi describió las medidas que el Gobierno nacional viene impulsando para evitar que los internos continúen delinquiendo desde los establecimientos bajo jurisdicción federal.
“Nosotros tenemos una decisión absoluta de tomar control sobre las cárceles. Nosotros no podemos ser cómplices para que ellos delincan desde el encierro”, afirmó.
El funcionario recordó que el Servicio Penitenciario Federal alberga a algunos de los criminales más peligrosos del país, entre ellos integrantes de organizaciones narcocriminales de alto perfil como Los Monos y la estructura liderada por Esteban Alvarado.
En ese contexto, sostuvo que el control efectivo de los líderes criminales resulta indispensable para comprender muchas de las políticas de seguridad implementadas fuera de los penales.
“El Plan Bandera no se puede entender si no se entiende el control que nosotros tenemos sobre los jefes”, señaló.
Inhibidores, requisas y tolerancia cero
Curi reconoció que el ingreso clandestino de teléfonos continúa siendo uno de los principales desafíos para cualquier sistema penitenciario.
Para enfrentarlo, explicó que el Servicio Penitenciario Federal combina la instalación de inhibidores de señal con un aumento sostenido de los procedimientos de control.
Según detalló, la cantidad de requisas se incrementó en un 300% para compensar las limitaciones presupuestarias que dificultaban la instalación inmediata de inhibidores en todas las unidades.
“No le puedo decir que en el Servicio Penitenciario Federal no hay un teléfono. Pero nosotros tenemos la voluntad política de hacer todas las requisas que sean necesarias”, sostuvo.
El funcionario también reconoció que algunos dispositivos logran ingresar a través de la participación de agentes penitenciarios corruptos, a quienes describió como “empleados infieles”, aunque aseguró que existe una decisión política firme para combatir estas prácticas.
Cómo se garantiza la comunicación sin celulares
Uno de los ejes centrales del debate fue la relación entre seguridad pública y derecho a la comunicación.
Para Curi, ambas cuestiones no son incompatibles.
“Acá no hay límite claro. Teléfonos celulares no se puede utilizar. Está absolutamente claro”, afirmó.
El funcionario explicó que los internos pueden mantener contacto con el exterior mediante los teléfonos habilitados dentro de los establecimientos penitenciarios.
No obstante, en el caso de los detenidos considerados de alto riesgo, el sistema federal aplica restricciones mucho más severas.
“Los internos de alto riesgo pueden hablar una sola vez por semana, 20 minutos, y con una lista blanca. Pueden hablar exclusivamente con familiares directos que la Justicia los haya autorizado”, detalló.
Se trata de una política que ha generado cuestionamientos por parte de algunos defensores, una discusión que el propio funcionario reconoció durante el encuentro.
Una preocupación compartida
Más allá de las diferencias entre los sistemas penitenciarios federal y bonaerense, la jornada dejó una conclusión común: los teléfonos celulares se han convertido en una pieza central de muchas estructuras criminales que continúan operando desde el encierro.
Las extorsiones telefónicas, las estafas virtuales, las amenazas y la coordinación de actividades vinculadas al narcotráfico muestran que el fenómeno ya no puede analizarse únicamente como una cuestión penitenciaria. Se trata de un problema que impacta directamente en la seguridad pública y que obliga a repensar los mecanismos de control dentro de los establecimientos de detención.
En ese escenario, tanto las advertencias formuladas por Arroyo Salgado sobre la realidad de los penales bonaerenses como las medidas defendidas por Curi en el ámbito federal dejaron en evidencia que el desafío excede los muros de las cárceles y se proyecta sobre toda la sociedad.
