Más allá de lo discursivo, el Ejecutivo no avanzó con la reforma que buscaba suprimir el agravante por femicidio del Código Penal.
La posición del Gobierno sobre el concepto de femicidio es conocida. El propio presidente Javier Mieli se ocupó de expresarlo en el Foro de Davos hace poco más de un año. En el mismo sentido, antes dejar la gestión, el ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona ratificó la intención de derogar el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, vigente desde 2012 bajo la Ley 26.791.
La norma establece la reclusión perpetua para el hombre que asesine a una mujer en un contexto de violencia de género. Para la actual administración, este artículo representa una “distorsión del concepto de igualdad”.
Más allá de intenciones, dichos y discursos el Poder Ejecutivo Nacional detuvo el avance de la reforma penal que pretendía eliminar la figura del femicidio. A pesar de los anuncios previos, la gestión de Javier Milei no envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación y mantiene un silencio absoluto sobre los motivos de esta parálisis.
La ausencia de una comunicación oficial genera dudas sobre el futuro de una de las propuestas más polémicas del Ministerio de Justicia en materia de derechos civiles. En ese marco, y mientras más se acerque el periodo electoral, más lejana aparece la presentación del reforma.
En ese marco, y de cara a la discusión que propio oficialismo impulsa en contra de la figura del feminicidio, desde el Gobierno sostienen que “la ley debe ser neutral y que ninguna vida posee más valor que otra en función del sexo de la víctima”.
Esta postura técnica encuentra su raíz en el discurso político del presidente en el Foro Económico de Davos. En ese marco, el mandatario calificó la tipificación del femicidio como una medida que otorga privilegios injustificados. Según la visión presidencial, estas leyes forman parte de una “ideología de género” que él combate activamente, al igual que los lineamientos de la Agenda 2030.
Bajo esta premisa, el Gobierno planteó originalmente juzgar estos crímenes como homicidios simples. Sin embargo, el texto sufrió mutaciones antes de su naufragio administrativo. En las versiones preliminares más recientes de la reforma integral, el Ministerio de Justicia propuso sustituir el agravante específico por una figura genérica de “odio de género”.
Desde el oficialismo sostienen que este cambio permitiría aplicar la pena máxima tanto a ataques contra hombres como contra mujeres o personas trans.
Pese a la supuesta reformulación, el articulado nunca ingresó formalmente para su tratamiento en las comisiones parlamentarias.
El freno a la iniciativa legal ocurre mientras el Estado desmantela la infraestructura de protección a las víctimas. La Casa Rosada cerró el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, eliminó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y redujo el presupuesto de la Línea 144.
Las decisiones administrativas de vaciamiento, son la demostración por la vía de la gestión de la postura del Ejecutivo frente a todo lo que tenga que ver con la perspectiva de género.
Más allá de visiones, deseos e ideologías, los números mandan. En ese marco las cifras de violencia machista mantienen su gravedad en todo el territorio nacional. Organizaciones como Mumalá registraron 255 asesinatos de mujeres durante 2024, lo que representa un crimen cada 34 horas.
El dato más alarmante de sus informes revela que apenas el 12% de las fallecidas radicó una denuncia previa contra su agresor, el índice más bajo en casi una década.
La contracara de esto es la apuesta de un sector del oficialismo a seguir desalentado las denuncias a través de un proyecto de ley de la senadora oficialista Carolina Losada que busca elevar las penas para las falsas denuncias.
