El fiscal pidió medidas de prueba para determinar si la decisión de frenar la designación de María Verónica Michelli estuvo vinculada exclusivamente a su parentesco con el periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon.
La decisión del gobierno de Javier Milei de retirar el pliego de una candidata a jueza federal sigue despertando polémica. Ahora, el fiscal federal Guillermo Marijuan inició una investigación penal para determinar si la medida respondió a motivos discriminatorios y solicitó una serie de medidas destinadas a reconstruir cómo se adoptó la decisión y cuáles fueron sus fundamentos.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por integrantes de la agrupación Reset Republicano, quienes sostuvieron que María Verónica Michelli fue apartada del proceso de designación para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata por una razón ajena a sus antecedentes profesionales o a su idoneidad para el cargo. Según plantearon, la única circunstancia que motivó el retiro del pliego habría sido su vínculo familiar con el periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, cuyas investigaciones periodísticas generaron tensiones con el Gobierno nacional.
En su requerimiento, Marijuan pidió al juez Daniel Rafecas avanzar con las primeras medidas de prueba. Entre ellas, solicitó acceder al expediente legislativo del pliego, conocer en detalle su situación dentro del Senado y establecer si existió una comunicación formal del Poder Ejecutivo requiriendo su retiro. También solicitó que se verifique la existencia de otras causas vinculadas con los mismos hechos.
Además, la fiscalía entendió que es importante que se le tome declaración a Hugo Alconada Mon para confirmar el vínculo familiar con la candidata y determinar si recibió algún tipo de advertencia o llamado relacionada con la decisión de retirar la postulación.
La controversia se produjo cuando el pliego de Michelli ya había superado etapas relevantes del procedimiento de selección. Según surge de la denuncia, la nominación había obtenido las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos del Senado para avanzar hacia su tratamiento en el recinto, aunque finalmente el oficialismo resolvió no impulsar su aprobación.
El caso también generó repercusiones políticas. De hecho, la senadora Patricia Bullrich tomó distancia de la postura oficial y anunció públicamente que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” respecto del retiro del pliego. “Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli a jueza federal”, expresó en la red social X.
La denuncia menciona posibles delitos de discriminación, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En particular, pone el foco en la eventual aplicación de la Ley 23.592, que sanciona actos discriminatorios cometidos desde el ámbito estatal cuando afectan derechos o condiciones de acceso a cargos públicos por motivos ajenos a la capacidad o idoneidad de las personas involucradas.
Mientras tanto, distintas entidades vinculadas al ámbito jurídico expresaron preocupación por el caso. Tanto el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionaron el retiro del pliego y advirtieron sobre la necesidad de evitar decisiones arbitrarias en los procesos de selección de magistrados.
