En un extenso dictamen, el Procurador General sostuvo que la Cámara de Casación realizó una valoración fragmentaria de la prueba y calificó de “inverosímil” que el ex ministro Julio De Vido desconociera la maniobra para ingresar casi 800 mil dólares no declarados al país.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revoque la absolución de Julio De Vido en la causa conocida como la “valija de Antonini Wilson”, uno de los expedientes más emblemáticos vinculados a presuntos hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas. En un dictamen de fuerte contenido crítico, fechado el 4 de junio de 2026, el jefe de los fiscales cuestionó duramente la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal y sostuvo que el fallo incurrió en una valoración arbitraria de las pruebas reunidas durante el proceso.
Para Casal, resulta “absurdo e inverosímil” sostener que el entonces Ministro de Planificación Federal desconocía una operación que permitió el ingreso al país de 790.550 dólares no declarados transportados por el empresario venezolano Guido Antonini Wilson en agosto de 2007. A su criterio, el conjunto de evidencias acumuladas durante el juicio permite concluir que De Vido tuvo una participación decisiva en el entramado que hizo posible la maniobra.
Un caso que marcó una época
La causa se remonta a la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando Antonini Wilson arribó al Aeroparque Jorge Newbery a bordo de un vuelo privado procedente de Venezuela. Durante un control aduanero se descubrió una valija que contenía 790.550 dólares estadounidenses sin declarar. El episodio generó un escándalo político de alcance internacional y abrió una investigación que durante años intentó determinar el origen y destino de esos fondos.
El avión, matrícula N5113S, perteneciente a la empresa Royal Class, había sido contratado con fondos públicos por ENARSA. Según quedó acreditado en el juicio, la organización del viaje estuvo a cargo de Claudio Uberti, entonces funcionario del área de Planificación Federal y hombre de extrema confianza de De Vido.
La acusación sostuvo que De Vido fue coautor del delito de contrabando de importación de divisas en grado de tentativa, agravado por la participación de varias personas y por la condición de funcionario público. Sin embargo, tanto el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 como posteriormente la Cámara de Casación concluyeron que existía un estado de duda suficiente para absolverlo.
La contradicción que señala Casal
Uno de los ejes centrales del dictamen del Procurador apunta a lo que considera una contradicción insalvable en el razonamiento de los jueces de Casación.
Según destaca, el propio tribunal reconoció el rol determinante de De Vido en la relación bilateral con Venezuela, su vínculo de máxima confianza con Uberti y su intervención directa en la coordinación de los acuerdos energéticos entre ambos países. También dio por acreditado que Uberti desarrollaba funciones internacionales que excedían ampliamente las atribuciones de su cargo formal.
No obstante, a pesar de admitir ese contexto de poder y control, la Cámara concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar que De Vido hubiera impartido una orden concreta destinada a facilitar el ingreso ilegal del dinero.
Para Casal, exigir la acreditación de una instrucción expresa o documentada constituye una exigencia incompatible con la propia naturaleza de la maniobra investigada.
“El esquema de funcionamiento estatal armado por De Vido propiciaba una opaca interacción dentro de la función pública”, sostiene el dictamen, que remarca además que pretender encontrar comunicaciones formales para coordinar una operación ilícita de estas características implica desconocer la realidad de los hechos investigados.
El viaje que nunca tuvo explicación
El Procurador dedica un tramo importante de su análisis a reconstruir cómo se organizó el viaje que terminó con la incautación de la valija.
Según recuerda, el entonces titular de ENARSA, Ezequiel Espinosa, tenía previsto viajar a Venezuela en un vuelo comercial para continuar negociaciones con PDVSA GAS. Sin embargo, pocos días antes fue informado de que Uberti se incorporaría a la comitiva y que se utilizaría un avión privado financiado con recursos públicos.
Para Casal, esa decisión no fue casual.
El uso de una aeronave privada permitió controlar horarios y terminales de arribo, reduciendo considerablemente los controles habituales. Además, en la documentación del vuelo se consignó que se trasladaba “personal de Presidencia de la Nación”, circunstancia que el dictamen considera una maniobra destinada a facilitar el operativo.
La investigación también determinó que Uberti prácticamente no participó de las reuniones oficiales previstas en Venezuela. Por el contrario, según sostiene la Procuración, su verdadera misión consistía en coordinar el traslado de Antonini Wilson y de otros ciudadanos venezolanos hacia la Argentina.
Dentro de esa reconstrucción adquiere relevancia la Resolución 505/2007 firmada por De Vido, mediante la cual se autorizó tanto el viaje de Uberti como la asignación de los recursos necesarios para concretarlo.
Mientras la Cámara consideró ese acto como una mera decisión administrativa, Casal entiende que constituye una pieza central para comprender la participación del exministro en la organización de la operación.
Las comunicaciones que siguieron al hallazgo
Otro de los aspectos destacados del recurso es el análisis de los registros telefónicos obtenidos durante la investigación.
Según el Procurador, quedó acreditado que existieron múltiples contactos previos entre Uberti y Antonini Wilson desde mayo de 2007, dos meses antes del vuelo que derivó en el escándalo. Esa circunstancia contradice la versión según la cual ambos se habrían conocido recién durante el viaje.
Más significativo aún resulta, para Casal, el volumen de comunicaciones registradas durante las horas posteriores al hallazgo de la valija.
El expediente refleja contactos entre Uberti, su chofer, funcionarios del Ministerio de Planificación, integrantes de la Secretaría de Presidencia, personal de la Quinta de Olivos y la línea personal de De Vido mientras se desarrollaba el procedimiento aduanero.
La explicación brindada por los tribunales -que esas llamadas obedecían únicamente al temor por un eventual escándalo mediático- es considerada insuficiente y carente de lógica por el titular del Ministerio Público Fiscal.
La hipótesis del financiamiento político
El dictamen también recupera uno de los aspectos más sensibles del caso: el posible destino final de los fondos secuestrados.
Casal recordó que Antonini Wilson declaró ante la justicia de los Estados Unidos que el dinero estaba destinado a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Según el Procurador, esa declaración fue reconocida por algunos magistrados como verosímil, pero luego quedó aislada del análisis global de la prueba o directamente fue omitida en otros votos.
Para el jefe de los fiscales, esa decisión privó a la sentencia de una evaluación integral del contexto en el que ocurrió la maniobra investigada.
El planteo ante la Corte
En la parte final de su presentación, Casal advierte que mantener la absolución no sólo implica desconocer las reglas de valoración de la prueba penal sino también incumplir compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción.
El Procurador cita expresamente la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para sostener que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar eficazmente este tipo de conductas.
Por ese motivo, solicitó que la Corte Suprema declare arbitraria la sentencia de Casación y deje sin efecto la absolución de Julio De Vido.
La decisión final ahora quedó en manos del máximo tribunal. Si la Corte acompaña el criterio de la Procuración General, una de las causas más resonantes de las últimas décadas podría volver a abrir un capítulo judicial que parecía cerrado y reactivar el debate sobre las responsabilidades políticas detrás del episodio que quedó grabado en la memoria pública como el caso de la valija de Antonini Wilson.
