Su defensa le había pedido al Tribunal Oral Criminal Federal 2, que la condenó en la causa “Vialidad”, que le retirara la vigilancia electrónica, eliminara las restricciones para las visitas y flexibilizara el uso de la terraza del edificio de San José 1111 donde cumple su pena. Todos los planteos fueron rechazados por el juez Rodrigo Giménez Uriburu.
Los defensores de la ex Presidente, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, solicitaron a fines de mayo que el tribunal levantara la obligatoriedad del uso de la tobillera, argumentando falta absoluta de riesgo de fuga, sumado a la custodia constante de fuerzas de seguridad.
Pidieron también volver al régimen de visitas originario de junio de 2025, más flexible y menos restrictivo que el actual, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que una emergencia médica ocurrida en diciembre del año pasado podría repetirse y sería necesario facilitar los accesos al departamento. El tercer punto era la supresión de las limitaciones horarias para el uso de la terraza del edificio.
El fiscal general Sergio Mola dictaminó por el rechazo total de los pedidos, sosteniendo que el buen comportamiento no es un hecho novedoso y que las pautas actuales protegen la convivencia pacífica con los vecinos.
Los fundamentos del juez Uriburu
El magistrado desestimó uno a uno los argumentos de la defensa, remarcando que el correcto acatamiento de las normas no es un motivo para eliminarlas, sino justamente el presupuesto legal que le permite a la ex Jefa de Estado seguir gozando del beneficio de la prisión domiciliaria.
Con respecto a la tobillera electrónica, el magistrado recordó que el uso de estos dispositivos es la regla general que impone la ley de ejecución penal, que “no condiciona su implementación a la previa acreditación de un peligro concreto de evasión en cada caso en particular ni a las condiciones personales del penado, sino que establece su utilización como pauta general de control”.
Para reforzar la vigencia de la medida, el fallo cita una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que ya había advertido que la norma “no establece un cese automático de la medida ni consagra una presunción a favor de su levantamiento por el mero paso del tiempo“.
El juez contrastó la situación de Cristina Kirchner con la de otro condenado en “Vialidad”, Raúl Gilberto Pavesi, a quien sí se le había dispensado el uso de la tobillera en septiembre de 2025 por razones de orden médico o técnico que en este caso no se verifican.
Sobre el régimen de visitas y el uso de la terraza común, Giménez Uriburu descartó la aplicación del “principio de progresividad”, explicando que este mecanismo está diseñado para el sistema penitenciario tradicional, es decir para la cárceles y no para la modalidad excepcional de la prisión domiciliaria.
El magistrado subrayó que las restricciones horarias en la terraza (fijadas una vez al día, entre las 6:00 y las 20:00 horas, por un máximo de dos horas) no tienen una “finalidad aflictiva adicional”, sino que sirven para equilibrar el esparcimiento de la condenada con el descanso de los habitantes del barrio.
Por último, el fallo hizo alusión a un planteo del fiscal Mola sobre las concentraciones de militantes y agrupaciones sectoriales en las inmediaciones del departamento de la calle San José. El juez Uriburu decidió no adoptar nuevas medidas al respecto, señalando que de los reportes oficiales no surgen conductas incompatibles por parte de la ex presidente ni situaciones que pongan en riesgo la seguridad o afecten la tranquilidad del vecindario más allá de las particularidades de esos episodios.
En diciembre de 2022 el TOCF 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al decomiso de sus bienes por administración fraudulenta en perjuicio de los bienes del Estado.
