La Sala IV deberá resolver si continúa o prescribe la investigación por trata de personas y reducción a la servidumbre iniciada a partir de las denuncias de 44 mujeres. Según la acusación, fueron reclutadas siendo niñas o adolescentes y destinadas a tareas domésticas sin remuneración.
Durante más de cuatro décadas, niñas y adolescentes de familias de bajos recursos habrían sido parte de una estructura que les prometía educación, formación y mejores oportunidades de vida. Sin embargo, años después, muchas de ellas denunciaron que terminaron dedicadas exclusivamente a tareas domésticas para el Opus Dei, sin salario y bajo condiciones que la Justicia investiga como posibles casos de trata de personas y reducción a la servidumbre.
Ahora, la causa ingresó en una instancia decisiva. Es que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal deberá determinar si la acción penal continúa vigente o si los hechos denunciados prescribieron.
El expediente tiene como principal imputado a Gabriel Benito María Dondo, acusado por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre. La decisión está en manos de los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
La causa
Según surge de la denuncia que dio origen a la investigación, entre 1972 y 2015 personas que ocupaban distintos cargos y jerarquías dentro del Opus Dei habrían conformado una estructura destinada al reclutamiento de al menos 44 mujeres, la mayoría de ellas cuando aún eran niñas o adolescentes.
De acuerdo con la acusación, las víctimas eran captadas principalmente en contextos de vulnerabilidad económica mediante la promesa de acceder a educación, capacitación y oportunidades laborales. Una vez incorporadas a instituciones vinculadas a la organización religiosa en calidad de alumnas, comenzaban un proceso de formación espiritual, profesional y laboral.
La investigación sostiene que aquellas jóvenes que manifestaban interés en convertirse en “numerarias auxiliares” quedaban destinadas de manera permanente a la realización de tareas domésticas dentro de centros pertenecientes al Opus Dei.
Siempre según la hipótesis de la acusación, las mujeres cumplían extensas jornadas de trabajo sin recibir remuneración y prestaban servicios tanto en establecimientos de la organización en Argentina como en otros países.
Las tareas incluían labores domésticas destinadas a asistir a miembros de la institución y a personas vinculadas a ella, quienes desarrollaban actividades académicas, profesionales y de formación espiritual.
La causa adquirió relevancia por la cantidad de presuntas víctimas involucradas y por el extenso período temporal que abarcan los hechos denunciados, que se habrían prolongado durante más de cuarenta años.
La discusión que ahora deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal no se centra en la existencia o no de los hechos denunciados, sino en determinar si el tiempo transcurrido impide continuar con la persecución penal.
