La Operación Bonaerense Protección de las Infancias movilizó a fiscalías especializadas de toda la provincia y derivó en una batería de allanamientos simultáneos en 76 localidades.
La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires coordinó un amplio operativo contra la ciberpedofilia que incluyó 121 allanamientos simultáneos en 76 localidades bonaerenses, en el marco de investigaciones por los delitos de distribución, tenencia y posible producción de material de abuso sexual infantil (MASI), además de casos de grooming.
La acción formó parte de la VII Operación Bonaerense Protección de las Infancias, una estrategia de investigación conjunta impulsada por el Ministerio Público Fiscal para detectar e identificar a personas vinculadas a delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.
El procedimiento fue coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto con fiscales especializados en la temática distribuidos en distintos departamentos judiciales.
Ocho fiscalías
Para el desarrollo de la investigación se conformó una estructura de trabajo integrada por ocho fiscalías y ayudantías especializadas que funcionaron como nodos de análisis, detección e intercambio de información. Participaron dependencias judiciales de Dolores, Junín, La Plata, La Matanza, Morón, Pergamino, Quilmes y San Isidro.
A partir de esa coordinación se analizaron inicialmente 138 objetivos, de los cuales 121 derivaron en allanamientos concretados en distintos puntos de la provincia.
Los resultados
Según los datos difundidos por el Ministerio Público, las investigaciones alcanzaron a 111 personas. Del total, 106 son hombres y cinco mujeres. Además, durante el relevamiento se detectó la participación de dos menores de edad que habrían compartido material de abuso sexual infantil.
Los investigadores también advirtieron que seis de las personas involucradas desarrollaban actividades con contacto directo con niños, niñas y adolescentes, un dato considerado especialmente relevante para la pesquisa.
Asimismo, se identificaron 37 menores de edad convivientes en los domicilios allanados y cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil, circunstancias que motivarán nuevas líneas de investigación y medidas de protección.
Material secuestrado
Durante los procedimientos se secuestraron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento digital y 165 teléfonos celulares, además de dos armas de fuego.
A su vez, se realizaron 31 análisis preliminares sobre los dispositivos electrónicos incautados para detectar la existencia de material vinculado a los delitos investigados y preservar evidencia digital relevante para las causas.
Entre los objetivos allanados se destaca una unidad penitenciaria en la que se encuentran alojadas personas condenadas por delitos de abuso sexual infantil.
La Procuración informó además que uno de los investigados registraba antecedentes en una causa por abuso sexual infantil y destacó que una de las causas tuvo origen en un operativo anterior por tenencia de MASI. Esa investigación permitió avanzar posteriormente sobre una nueva imputación por presunta producción y distribución de ese tipo de material.
