El operativo fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo, en una causa por presunto tráfico ilícito de bienes culturales. Se recuperaron más de 200 documentos históricos vinculados a José de San Martín y otros próceres argentinos que eran ofrecidos en una casa de subastas porteña.
Una carta atribuida al general José de San Martín, junto con documentos vinculados a Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de La Madrid, estaba a la venta en internet como parte de un lote valuado en 100 mil dólares. El hallazgo activó de inmediato una investigación judicial que terminó con el secuestro de más de 200 piezas históricas y puso bajo la lupa un presunto circuito de comercialización ilegal de patrimonio documental argentino.
El operativo fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de una causa tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, quien ordenó el procedimiento tras reunirse elementos que indicaban una posible infracción a la Ley 15.930, que protege el patrimonio documental bajo custodia del Archivo General de la Nación.
Las piezas secuestradas incluyen cartas, recortes periodísticos, libros y fotografías relacionadas con instituciones y organismos del Estado nacional y provincial. Según los primeros análisis, varios documentos presentaban tipografías, sellos y dataciones originales, elementos que reforzaron las sospechas sobre su valor histórico y su posible circulación irregular.
La subasta que encendió la alarma
La investigación comenzó a partir de tareas de prevención del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA, un área especializada en detectar maniobras de tráfico ilícito de bienes culturales.
Durante el monitoreo de sitios de subastas y plataformas de compra-venta online, los agentes detectaron la publicación de un lote especialmente sensible: más de 200 documentos históricos argentinos ofrecidos al mejor postor en una plataforma de acceso público.
La oferta tenía un valor inicial de U$S 100.000 y remitía a una casa de subastas ubicada sobre Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad de Buenos Aires. Ese dato permitió avanzar sobre el circuito físico detrás de la comercialización.
Con el material reunido, los investigadores presentaron las pruebas ante el juzgado de Lijo, que tomó intervención y habilitó el procedimiento judicial.
El operativo
Con aval del magistrado y de la Secretaría N° 7, a cargo de Diego Fernando Arce, se dispuso una orden de presentación con allanamiento sobre el inmueble donde se encontraban las piezas.
El procedimiento permitió secuestrar la totalidad del material y trasladarlo a dependencias de la Policía Federal, donde quedó bajo custodia como depósito judicial hasta la realización de las pericias técnicas.
Ahora, los especialistas deberán determinar la autenticidad, procedencia y valor patrimonial de cada pieza, además de reconstruir cómo esos documentos llegaron al circuito comercial.
