La investigación promovida por la fiscalía federal de Gualeguaychú, que estimó que generaron 32 millones de dólares de manera ilegal en los últimos dos años, desbarató el funcionamiento de una fábrica clandestina con capacidad para producir 700 millones de cigarrillos falsificados por año y permitió secuestrar más de 54 toneladas de tabaco, alrededor de 14 millones de estampillas apócrifas y maquinaria industrial. Hay cinco imputados.
La pesquisa comenzó en julio de 2024 a partir de información aportada por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Paranacito, sobre la comercialización de cigarrillos presuntamente apócrifos en comercios de Gualeguaychú y otras localidades de Entre Ríos. Ante la posible existencia de una estructura de distribución más amplia, el Ministerio Público Fiscal inició actuaciones preliminares y encomendó tareas investigativas para identificar a los proveedores, los canales logísticos y el origen de la mercadería.
En la causa se investiga la comercialización de cigarrillos con marcas falsificadas, estampillas fiscales adulteradas y productos que carecían de la registración exigida por la normativa vigente; además de las posibles infracciones vinculadas con la propiedad intelectual, la fiscalía busca establecer si la maniobra generó una evasión fiscal de gran magnitud por la falta de tributación de los impuestos que gravan la actividad tabacalera, y también se analizan posibles maniobras de lavado de activos relacionadas con la ganancia económica producto de la comercialización de la mercadería.
De acuerdo al expediente, la organización operaba mediante una estructura compleja que abarcaba las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y San Luis, y comprendía todas las etapas del circuito comercial: desde la fabricación hasta la distribución mayorista y minorista, pasando por el transporte y el almacenamiento de la mercadería.
Según la hipótesis fiscal, los productos eran elaborados en una planta clandestina ubicada en la ciudad de San Luis, desde donde se distribuían a distintos puntos del país mediante empresas transportistas y una red de distribuidores que abastecía a comercios minoristas.
Para la fiscalía, la organización funcionaba con división de funciones, permanencia en el tiempo y mecanismos destinados a ocultar el origen y la trazabilidad de los productos, con distintos núcleos operativos distribuidos geográficamente y conectados entre sí por relaciones comerciales permanentes.
El paso a paso de la pesquisa
Las primeras medidas incluyeron vigilancias, compras controladas, análisis de documentación comercial y seguimientos sobre los circuitos de distribución. Con el avance de la causa se incorporaron intervenciones telefónicas, análisis de movimientos logísticos y relevamientos patrimoniales que permitieron ampliar el alcance de la investigación. Para la fiscalía, las comunicaciones interceptadas durante numerosos meses permitieron establecer vínculos comerciales permanentes entre los integrantes de la organización y reconstruir el recorrido de la mercadería desde su origen hasta los puntos de venta.
En paralelo se realizaron seguimientos en distintas provincias, controles encubiertos y análisis de documentación aportada por empresas de transporte, que permitieron detectar envíos regulares de cigarrillos hacia Entre Ríos y otras jurisdicciones, así como depósitos, galpones y centros de distribución utilizados para almacenar y redistribuir la mercadería. Las tareas de vigilancia permitieron observar maniobras de carga y descarga de cajas compatibles con cartones de cigarrillos, entregas en comercios minoristas y movimientos logísticos coordinados entre distintos integrantes de la organización. En algunos procedimientos encubiertos se constató la venta de estos productos, que no se encontraban exhibidos al público y cuya comercialización se realizaba en efectivo, una modalidad que para la fiscalía buscaba reducir la trazabilidad de las operaciones.
Uno de los hallazgos centrales fue la identificación de la planta tabacalera de San Luis, a la que los investigadores llegaron luego de varios meses de seguimiento sobre el recorrido de la mercadería, mediante análisis de remitos, observaciones directas y tareas de inteligencia desarrolladas en esa provincia, como también en San Juan y Mendoza.
Para el Ministerio Público Fiscal, la fábrica funcionaba detrás de una estructura societaria aparentemente legítima, pero las tareas de campo permitieron detectar ruidos compatibles con el funcionamiento de maquinaria, movimientos de transporte y otros indicios que apuntaban a la existencia de una línea de producción activa.
El operativo y los secuestros
Con el objetivo de consolidar la evidencia reunida durante casi dos años de investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitó una serie de allanamientos simultáneos en inmuebles vinculados con la organización, que fueron autorizadas por el juzgado federal de Gualeguaychú y ejecutadas por personal de la Prefectura Naval Argentina en distintos puntos de Entre Ríos, San Luis, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El operativo permitió secuestrar 54 toneladas de tabaco, aproximadamente 14 millones de estampillas fiscales falsas y equipamiento industrial capaz de sostener una producción masiva. La planta tenía capacidad para fabricar aproximadamente 700 millones de cigarrillos falsificados por año y habría generado ganancias ilícitas estimadas en unos 32 millones de dólares.
Para la fiscalía, los elementos reunidos hasta el momento permiten describir una estructura criminal con capacidad industrial, alcance interprovincial y una logística consolidada, destinada a introducir en el mercado productos elaborados y distribuidos al margen de los controles fiscales y regulatorios. Según los representantes de la tabacalera Philip Morris International. se trata de la mayor estructura de producción ilegal de cigarrillos registrada en la historia de Argentina.
