La Fiscalía Federal de San Juan solicitó además una reparación económica de más de 1.152 millones de pesos para las víctimas, el decomiso de seis inmuebles y tres vehículos y la eliminación inmediata del material sexual difundido en plataformas digitales.
El juicio por una de las causas de trata de personas más impactantes de los últimos años en San Juan entró en su etapa final con un duro pedido de condena por parte del Ministerio Público Fiscal. Es que la fiscalía solicitó 12 años de prisión para el abogado Gustavo Antonio de la Fuente, de 59 años, y para el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo Medina, de 31, acusados de haber explotado sexualmente al menos a 37 mujeres en situación de vulnerabilidad mediante estudios webcam montados en la capital provincial.
Según la acusación, ambos actuaron como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en un esquema que operó entre marzo de 2022 y julio de 2024. Las víctimas eran captadas con falsas ofertas laborales vinculadas a supuestos trabajos de modelaje para la firma “Belle Argentina” y luego eran sometidas a extensas jornadas de transmisiones sexuales en vivo para distintas plataformas digitales.
Además de las penas de prisión, el fiscal federal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez pidieron una reparación integral de 1.152.362.472 pesos para las damnificadas, el decomiso de seis inmuebles y tres vehículos, y una serie de medidas de reparación simbólica y no patrimonial.
Entre ellas, solicitaron la eliminación inmediata de todo el contenido audiovisual producido con las víctimas que siga alojado en internet, con el objetivo de frenar la continuidad del daño.
Captación con falsas promesas y explotación digital
De acuerdo con la investigación, la organización reclutaba mujeres mediante publicaciones en Facebook e Instagram, contactos telefónicos y un sistema de “referidos”, en el que las propias víctimas obtenían beneficios si incorporaban nuevas mujeres al circuito.
La fiscalía sostuvo que las postulantes eran atraídas con promesas de ingresos en dólares o euros y una supuesta independencia económica. Sin embargo, una vez incorporadas, debían producir contenido sexual en vivo y ceder derechos de imagen para su comercialización en plataformas como Stripchat, Camsoda, Cam4, Chaturbate, XLove, Bongacams, Streamray y Streamate.
Los acusados retenían al menos el 50% de las ganancias y aplicaban descuentos arbitrarios bajo conceptos como “multas”, “horas incumplidas”, “llegadas tarde”, “faltas por cansancio” e incluso por menstruación.
Según la acusación, las mujeres eran obligadas a trabajar siete horas por día, seis días a la semana, en habitaciones equipadas con computadoras, cámaras y dispositivos sexuales interactivos controlados de forma remota por usuarios que pagaban mediante tokens o criptoactivos.
“Esta explotación avanzó con la utilización de dispositivos electrónicos que interactuaban con las mujeres. Dispositivos que eran utilizados y comandados por usuarios”, sostuvo Alcaraz durante su alegato.
Vulnerabilidad y nuevas formas de trata
Durante el juicio, la fiscalía puso especial énfasis en el contexto de vulnerabilidad de las víctimas y en cómo esa situación fue aprovechada por la organización criminal.
“Los imputados se aprovecharon de la pobreza estructural en la que se encontraban. La organización producía múltiples ganancias mediante la explotación de estas mujeres, convirtiéndolas en objetos”, afirmó Rodríguez.
Para el Ministerio Público Fiscal, el caso expone una mutación en las modalidades de explotación sexual, donde la violencia y el sometimiento ya no requieren necesariamente traslados internacionales o prostíbulos físicos, sino que se trasladan a entornos digitales capaces de amplificar el negocio a escala global.
La fiscalía identificó a De la Fuente como el presunto jefe de la estructura. Según los alegatos, era quien realizaba pagos, supervisaba la operatoria y otorgaba una apariencia de legalidad mediante contratos firmados con las víctimas.
La investigación comenzó en marzo de 2022 a partir de una denuncia anónima y estuvo a cargo de Gendarmería Nacional junto a la fiscalía federal de San Juan y la PROTEX.
El debate oral comenzó el 21 de mayo, se desarrolló ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, integrado de manera unipersonal por el juez Daniel Doffo, y contó con 30 testigos y seis declaraciones en Cámara Gesell. El tribunal dará a conocer el veredicto mañana 2 de julio.
